Ratifican la prisión preventiva de un abogado de Esquina acusado de estafar a jubilados

La Justicia de Corrientes ratificó este viernes la prisión preventiva de un abogado de la ciudad de Esquina, imputado en una causa por presuntas estafas cometidas en perjuicio de jubilados. La medida quedó firme luego de que el Tribunal de Revisión de Mercedes rechazara por unanimidad los planteos presentados por la defensa del acusado.

La jornada judicial comenzó en la Oficina Judicial de Esquina, donde el fiscal Gustavo Javier Mosquera solicitó formalmente la prisión preventiva del profesional con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la investigación y asegurar su comparecencia al futuro juicio oral.

El pedido fue aceptado en primera instancia por la jueza de Garantías, Lourdes Silvero. Posteriormente, la defensa del imputado, encabezada por el abogado Norberto Fernández Codazzi, presentó una impugnación para revertir la medida.

Debido a los plazos procesales y la urgencia del caso, el expediente fue remitido de inmediato al Tribunal de Revisión de Mercedes. Horas más tarde, los jueces Carlos Antonio Martínez, Jorge Alberto Esper y Enrique Eduardo Deniri resolvieron rechazar el recurso de la defensa y confirmar la prisión preventiva.

La investigación tuvo un avance significativo el pasado 2 de junio, cuando el fiscal Mosquera ordenó allanamientos en inmuebles vinculados al acusado. Uno de los procedimientos se realizó en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Islas Malvinas y Berón de Astrada, donde se secuestró documentación considerada de interés para la causa, entre ella tarjetas bancarias y de crédito pertenecientes a presuntas víctimas.

Según trascendió, el supuesto modus operandi consistía en retener de manera prolongada e irregular las tarjetas de crédito de jubilados para efectuar compras sin autorización o gestionar créditos personales fraudulentos en nombre de los damnificados.

El caso adquiere especial relevancia en Esquina debido a que se conoce pocas horas después de otro fallo judicial que involucró a una profesional del mismo ámbito. El Tribunal de Juicio de Goya condenó recientemente a la abogada Marina Soledad Arce a tres años de prisión efectiva e inhabilitación profesional por igual período, al hallarla responsable de estafas continuadas y otras maniobras fraudulentas vinculadas a falsificación documental.