Corrientes: confirman procesamientos por terrorismo y lavado de activos en la causa del Tren de Aragua
El máximo tribunal federal de la provincia ratificó la ampliación de los procesamientos con prisión preventiva contra los acusados de integrar una estructura vinculada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La causa investiga operaciones millonarias, propiedades y una red con alcance transnacional.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó los procesamientos de 13 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal venezolana conocida como Tren de Aragua, en una causa que investiga delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y participación en una organización criminal transnacional.
La resolución, dictada en las últimas horas, rechazó uno de los últimos recursos presentados por las defensas y ratificó la ampliación de los procesamientos con prisión preventiva en relación con el delito previsto en el artículo 210 ter del Código Penal, referido a organizaciones criminales.
En su fallo, los magistrados respaldaron los fundamentos expuestos durante la investigación y señalaron que la estructura bajo análisis contaba con una plataforma destinada a la recolección y provisión de fondos para una organización criminal de alcance internacional. Según la resolución, el objetivo de dicha organización era ejecutar actos destinados a generar temor y extorsión sobre la población civil mediante mecanismos de control territorial violento.
Los jueces destacaron además que la organización investigada presentaba permanencia en el tiempo, una distribución funcional de tareas, coordinación interna y proyección transnacional, elementos que permitieron encuadrar provisoriamente las conductas de los imputados dentro de la figura penal de organización criminal, en concurso con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La investigación identificó como presunto líder de la estructura a Guillermo Rafael Boscán Bracho. Junto a él fueron procesados Eduardo Abulafia, María Adaly Contreras, José Antonio Lanz Guevara, Emmanuel David Urdaneta Bracho, María Alexandra Bohorquez Carroz, Alexander José Bohorquez Parra, Marilén del Valle Carroz González, Diego Andrés Bohorquez Carroz, Freider José Domínguez Contreras, Enyerbeth Yordanis Camargo Espina, Mayibell Coromoto Domínguez Contreras y Maikely Teresa Domínguez Contreras.
Las actuaciones judiciales incluyeron intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia, análisis financieros y patrimoniales, levantamiento del secreto bancario, allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, documentación, dinero en efectivo y bienes registrables. De acuerdo con los investigadores, las pruebas reunidas permitieron detectar maniobras compatibles con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Según consta en la causa, los fondos eran canalizados mediante sistemas informales de transferencia de dinero, cuentas bancarias y billeteras virtuales sin justificación económica, adquisición de bienes con recursos de origen presuntamente ilícito y operaciones comerciales realizadas a través del local denominado "Giro Activo".
Los investigadores sostienen además que la organización estaba dividida en dos células operativas encabezadas por Emmanuel David Urdaneta Bracho y Adaly María Domínguez Contreras, quienes mantenían contacto permanente con Boscán Bracho y continuaban ejecutando sus directivas incluso mientras permanecía detenido.
La pesquisa también reveló una importante capacidad económica de la estructura. Entre los bienes atribuidos a los imputados figuran un lote en el barrio privado San Simón, en la provincia de Buenos Aires; un campo en San Luis del Palmar, Corrientes; una residencia y un local comercial en La Plata; además de otras cuatro propiedades registradas a nombre de uno de los acusados.
Asimismo, la organización habría adquirido vehículos de alta gama, entre ellos una Toyota SW4, un Volkswagen Nivus, un Toyota Yaris y una Honda CR-V. Durante los procedimientos también fueron secuestrados 51.576 dólares estadounidenses en un domicilio vinculado a Adaly María Domínguez Contreras.
Otro de los elementos destacados por la investigación fue la constitución de una sociedad comercial denominada "Oviedo Magali y Bohorquez Carroz María Estudio S.R.L.", utilizada presuntamente como pantalla para la explotación del local de estética "Total Nails". Posteriormente, la firma pasó a llamarse "Studiomm2025", una modificación que, según los investigadores, refuerza la hipótesis de que la sociedad era utilizada para ocultar patrimonio y desviar fondos de origen ilícito.
Con esta decisión de la Cámara Federal de Corrientes, los imputados quedaron un paso más cerca de enfrentar un juicio oral en una de las investigaciones más relevantes sobre criminalidad organizada transnacional desarrolladas en el país.