Corrientes: la Justicia ordenó a una obra social cubrir de forma urgente un estudio a un paciente con cáncer

El Poder Judicial de Corrientes informó este martes que una obra social deberá brindar cobertura total de un estudio médico de alta complejidad a un hombre de 70 años diagnosticado con cáncer. La decisión fue adoptada con carácter urgente, pese al feriado nacional, debido a que se encontraba en riesgo la salud y la vida del paciente.

La presentación judicial fue realizada el 30 de diciembre y el caso fue resuelto el 1 de enero, luego de que el magistrado interviniente considerara imprescindible una respuesta inmediata. En su resolución, el juez sostuvo que, cuando está en juego la vida de una persona, la Justicia debe actuar con rapidez excepcional, ya que el derecho a la salud no admite demoras.

Un estudio clave para una cirugía oncológica

El caso se originó en la ciudad de Goya, cuando un vecino de 70 años, con diagnóstico de cáncer de próstata, solicitó a su empresa de medicina prepaga la cobertura de una tomografía PET, un estudio de alta complejidad indispensable para avanzar con una cirugía programada para el 8 de enero.

De acuerdo a la indicación médica, el estudio resulta fundamental para determinar con precisión la evolución del tumor y evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias o erróneas. Sin embargo, la empresa negó la autorización, a pesar de que el afiliado se encontraba al día con el pago de su plan de salud.

Frente a la negativa y la proximidad de la intervención, el juez habilitó la feria judicial y dictó una medida autosatisfactiva, un mecanismo legal que permite dar una respuesta inmediata y definitiva ante una urgencia impostergable.

Los fundamentos del fallo

Al dictar la resolución, el juez Saade valoró especialmente:

• La protección del adulto mayor, teniendo en cuenta que el paciente tiene 70 años y requiere una tutela reforzada.
• La imprescindibilidad médica del estudio PET, solicitado con carácter urgente y sin posibilidad de reemplazo por otro examen.
• La conducta arbitraria de la empresa, al priorizar trámites administrativos por sobre un diagnóstico oncológico confirmado.
• La eficacia judicial, adaptando los procedimientos para garantizar un acceso real a la Justicia incluso durante la feria.

Costas, multas y posibles sanciones

Mediante una Resolución Aclaratoria dictada el 2 de enero de 2026, el magistrado dispuso además que la obra social deberá afrontar la totalidad de las costas del proceso judicial, al considerar que su negativa injustificada obligó al afiliado a recurrir a la Justicia para resguardar su derecho a la salud.

Asimismo, el fallo advierte que, en caso de incumplimiento, el paciente podrá reclamar el reintegro inmediato por vía judicial. La empresa también podría enfrentar una multa cercana a los $2.612.482,50 y una denuncia penal ante la fiscalía de turno, por desobedecer una orden judicial.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el acceso oportuno a la salud y el rol de la Justicia correntina ante situaciones de urgencia médica.