Olivosgate: la defensa de una de las invitadas denunció que el decreto es inconstitucional y que no hubo contagios
El abogado Mauricio DÁlessandro en representación de Stefanía Dominguínguez, formalizó este martes la presentación ante la Justicia.
Otro insólito giro vuelve a sumar un capítulo en el escándalo conocido como Olivosgate.
Se trata de la defensa que argumentó el abogadao de Stefanía Dominínguez, una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yáñez y acusada de filtrar las fotos.
La joven abogada y "Heath coach", se apartó de los defensores que represatarán al resto de los invitados y se escudó tras el mediático Maurcio D´Álessandro, quien había adelantado días atrás que pediría la inconstitucionalidad del decreto firmado por Alberto Fernández que rigió en todo el país desde marzo del 2020.
El abogado realizó la presentación este martes a las 14.08 y en 14 páginas, en las que pidió“el sobreseimiento total y definitivo de Stefanía Domínguez por inexistencia de delito y resultar atípico el accionar objeto de imputación", informó TN.
En algunos párafos del escrito el abogado señala:
-“No existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".
- “Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos –más allá de su invalidez e inconstitucionalidad- buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19".
- “...de las tomas fotográficas y filmaciones incorporadas podía observarse un grupo de personas que concurrieron a una reunión, sin aparente respeto de los protocolos sanitarios establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, tales como el respectivo distanciamiento social, la utilización de ́ barbijos y/o máscaras faciales”.
-Tal conducta "encuentra encuadre en el ejercicio de derechos de jerarquía superior, como son ́ la libertad de reunión y, a su vez, no haberse corroborado que en ese entonces se hubieran encontrado cursando la enfermedad causada por el COVID-19 o padeciendo algún síntoma compatible con la misma". "Debe descartarse que con su accionar hubiera puesto en peligro la salud pública y/o propagado una enfermedad que no padecía".
El fiscal Ramiro González y el juez Casanello investigan si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 248 del Código Penal. El 205 establece una prisión de seis meses a dos años para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
El 248, por su parte, reprime con hasta dos años al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.