Aseguran que hay dos mujeres injustamente detenidas por el crimen de una anciana en Corrientes

Justa Valenzuela de 86 años fue hallada muerta el 5 de diciembre del 2017 en un cementerio de la localidad de 9 de Julio con un crucifijo en la boca. Según la pesquisa, la anciana habría sido engañada para que abandone su hogar y luego fue asesinada violentamente y arrojado su cuerpo en el cementerio de 9 de Julio.

El móvil que sostienen desde la Fiscalía es la venta del inmueble de Valenzuela pero esta postura no es compartida por la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA) que defienden la inocencia de las detenidas y señalan que el caso tiene "muchos conmponentes que harían pensar en una muerte ritual". 

Tras varios años, finalmente arrancó el juicio oral y público contra Sandra Martínez y su hija Ludmila Zerrizuela Martínez quienes son sindicadas como autoras del homicidio calificado triplemente por ensañamiento, alevosía y criminis causa.  

Lt7 se contactó con una abogada de la Asociación que descree la principal hipótesis y apunta contra un hombre que estuvo detenido en el inicio de la investigación por ser el comprador de la vivienda y ahora es acusado de encubrimiento.

"No solo el supuesto móvil del caso resulta disparatado para explicar un homicidio ritual, sino que además la causa ha sido elevada a juicio sobre la base de un único testimonio que las ubica a Sandra y a su hija Ludmila en el lugar pero no en el momento del hecho, aportada por Javier Osvaldo Alarcón quien luego sería sobreseído pero que en el momento de prestar declaración no tenía obligación de decir la verdad por tratarse de un co-imputado", comenzó explicando.

En ese momento éste había asegurado que llevó a las tres mujeres hasta el cementerio de 9 de julio en la siesta del día del asesinato. 

"El comprador es quien vincula a Sandra diciendo que ella fue quien le ofreció la casa a la venta y que ella se refería a la víctima como "tía". Sin embargo, las personas del barrio no la reconocen y sí recuerdan haber visto la camioneta del hombre en la casa de la víctima en varias ocasiones", contó además.

"Sandra cuenta que ella conoció a Justa Valenzuela por ser tía de Nuñez, a quien ella le compró un auto. Él fue quien le pidió que acercara a su tía a Bella Vista y Alarcón -quien en realidad sería empleado de Nuñez- las acompañó para llevar a la mujer que iría a hacer trámites y ver parientes. Sandra solo llegó hasta Bella Vista, dejando a la anciana y volviendo para Corrientes Capital", detalló.

La incongruencia que marcan es que las pruebas a las que arribaron a través del sistema de geolocalización ubican a Sandra a 200 kilómetros de la localidad donde se cometió el crimen:
"Aunque según la autopsia la Sra. Justa falleció entre las 21 y las 22 hs, aunque según la geolocalización de los celulares Sandra en ese momento se encontraba en Corrientes Capital (a casi 200 km del lugar del hecho, el cementerio de 9 de julio) y de hecho nunca fue a 9 de julio, la Fiscalía de Instrucción y ahora la de Juicio, les atribuyen la autoría material del hecho con base en el testimonio de Alarcón, quien dijo haber llevado a las tres mujeres al lugar en horas de la siesta".

"Es irracional y descabellada toda la imputación, pero no sería la primera vez que se condena a alguien a perpetua sin pruebas en nuestro país", consideró la fuente a la que accedió LT7.

"Sandra y Ludmila siendo inocentes, se encuentran detenidas en prisión preventiva desde el 10 de diciembre del 2017 hasta la actualidad, es decir, con los plazos constitucionalmente establecidos absolutamente vencidos y sin que al proceso se hayan incorporado pruebas objetivas en su contra. Durante su encierro han sido víctimas de delitos como apremios ilegales por parte de funcionarios policiales, además de estafas y extorsiones por parte de un miembro del Comité de Prevención contra la Tortura de la provincia de Corrientes", denuncian desde la Asociación.

A pocos días de iniciado el juicio y teniendo en cuenta las declaraciones de los testigos citados hasta el momento "ninguno ha vinculado a Sandra y Ludmila con el homicidio, siquiera con el negocio de la compra de la casa de la anciana por parte de Nuñez", manifiestan.

Desde AMPA advierten ciertas maniobras tendientes a ocultar el desarrollo de las audiencias y temen que una vez que se retome el juicio el 1ro de junio "se las vuelva a juzgar" y se violen "una vez más las garantías y derechos fundamentales estas dos mujeres".