Malvinas: Argentina y Reino Unido se enfrentan en el Tribunal del Mar por la explotación petrolera
Los dos países comenzaron este martes las audiencias en Hamburgo, Alemania, por el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno de Javier Milei busca que se dicten medidas urgentes para frenar el avance de la explotación de hidrocarburos mientras se resuelve la controversia.
La Argentina y el Reino Unido iniciaron este martes 10 de noviembre una nueva instancia de disputa internacional por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de sus recursos naturales. Ambos países se presentan ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, donde discutirán el pedido argentino de medidas provisionales para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Las audiencias, que se extenderán hasta el miércoles 11, son públicas y pueden seguirse en directo a través del sitio oficial del organismo. La presentación argentina busca que el Tribunal ordene medidas urgentes para evitar que el Reino Unido y las empresas involucradas continúen con las actividades hidrocarburíferas en un área cuya soberanía reclama nuestro país.
El planteo fue presentado el 13 de octubre, en el marco de un procedimiento arbitral iniciado por el Gobierno nacional el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Como el tribunal arbitral todavía no está constituido, la Argentina recurrió al mecanismo previsto en el artículo 290 de la Convención, que permite solicitar medidas provisionales ante el Tribunal del Mar cuando existe una controversia pendiente de arbitraje y se considera necesaria una intervención urgente.
En esta instancia, el organismo internacional no deberá resolver a quién pertenecen las islas, sino determinar si corresponde adoptar medidas cautelares para proteger los derechos que invoca la Argentina mientras continúa el procedimiento principal.
Qué reclama la Argentina y cuál es la postura británica
El Gobierno nacional busca impedir que se inicie o continúe la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion, además de evitar nuevas autorizaciones británicas en el área. También pretende preservar la información obtenida durante las actividades de exploración y proteger el medio marino.
El argumento central de Buenos Aires es que el Reino Unido habilitó unilateralmente actividades sobre recursos naturales ubicados en una zona de la plataforma continental que considera bajo jurisdicción argentina. Según la posición nacional, la extracción de petróleo podría generar un perjuicio difícil de revertir, ya que los recursos extraídos no podrían recuperarse ante una eventual resolución favorable a sus reclamos.
Por su parte, el Reino Unido rechaza el pedido argentino y solicitó al Tribunal que desestime la solicitud de medidas provisionales. En su presentación oficial del 2 de noviembre, cuestionó la competencia del futuro tribunal arbitral, la legitimidad de los derechos invocados por la Argentina y la existencia de un perjuicio irreparable o de una situación de urgencia que justifique una intervención inmediata.
Para respaldar su postura, Londres incorporó declaraciones de Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas; Ian Ramsay, CEO de Navitas Petroleum Development and Production; y Samuel Moody, CEO de Rockhopper Exploration.
Sea Lion, el proyecto petrolero en el centro de la disputa
La controversia gira alrededor de Sea Lion, un desarrollo hidrocarburífero ubicado al norte de las Islas Malvinas y operado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
La iniciativa contempla una primera etapa de 11 pozos y una segunda fase con otros 12. Según las proyecciones de la empresa, la producción podría comenzar en marzo de 2028, con una vida útil estimada superior a los 30 años.
La posibilidad de avanzar con las perforaciones durante 2027 agrega presión al reclamo argentino, que busca obtener una resolución internacional antes de que el emprendimiento ingrese en su etapa operativa.
Mientras la Argentina considera que las autorizaciones británicas constituyen una violación de sus derechos soberanos sobre los recursos naturales, el Reino Unido sostiene que las autoridades de las islas tienen facultades para otorgar licencias y regular las actividades petroleras.
Quiénes integran la delegación argentina
La representación nacional está integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno y especialistas en derecho internacional.
Entre ellos se encuentran María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y Betina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania.
El equipo jurídico también cuenta con especialistas internacionales, entre ellos el profesor Marcelo Kohen, exjuez ad hoc del Tribunal del Mar; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International, y Agustín Giustiniani, especialista en solución de controversias internacionales.
El cronograma establece dos rondas de exposiciones para cada país. Este martes, la Argentina tendrá la primera intervención entre las 6 y las 9, hora de Buenos Aires, mientras que el Reino Unido expondrá de 11 a 14. El miércoles se retomarán las presentaciones: la delegación argentina hablará de 6:30 a 8 y la británica cerrará las audiencias entre las 13:30 y las 15.
La disputa también avanza en la Justicia argentina
En paralelo al procedimiento internacional, existe una causa judicial en la Argentina contra las empresas involucradas en Sea Lion. En septiembre, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
La resolución ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto, incluidas las perforaciones y las instalaciones necesarias para avanzar con la explotación.
La demanda cuestiona la legalidad de las actividades hidrocarburíferas por no contar con autorización argentina y advierte sobre los posibles daños ambientales. En el expediente también se admitió la participación de la provincia de Tierra del Fuego como tercero coadyuvante.
De esta manera, el reclamo argentino se desarrolla en dos ámbitos diferentes: por un lado, la Justicia Federal analiza la acción contra las compañías petroleras y, por otro, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá determinar si corresponde adoptar medidas provisionales en la controversia entre ambos países.
La instancia de Hamburgo representa un nuevo capítulo en la disputa por Malvinas y sus recursos naturales. La decisión del Tribunal no resolverá la cuestión de fondo sobre la soberanía, pero podría establecer restricciones temporales al avance del proyecto petrolero mientras continúa el arbitraje internacional.