Paraguay: el Senado rechazó la prórroga de Santiago Peña y avanza el juicio político que puede destituirlo
El proceso de destitución fue impulsado por la oposición, pero también recibió el respaldo de legisladores del oficialismo.
El Senado de Paraguay rechazó este viernes el pedido de prórroga de 72 horas presentado por el presidente Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político impulsado en su contra. La solicitud fue descartada por 39 votos en contra, tres a favor y dos abstenciones, por lo que el proceso legislativo continuará sin concederle el plazo adicional que había solicitado.
El mandatario había enviado el jueves por la noche una nota al titular del Congreso, Basilio Núñez, en la que argumentó que el tiempo otorgado era insuficiente para ejercer su derecho a la defensa. Peña sostuvo que recibió la notificación a las 22.15, junto con un documento acusatorio de 15 páginas y cerca de 300 fojas de anexos. En ese sentido, consideró que un plazo inferior a 12 horas no cumple con las garantías de un Estado de Derecho.
Antes de la votación, Núñez había cuestionado la posibilidad de extender los plazos y planteado que lo más conveniente era tratar la renuncia presentada por el mandatario. Sin embargo, la dimisión todavía no fue aceptada formalmente, debido a que una sesión conjunta del Congreso terminó sin quórum. Por ese motivo, Peña continúa en funciones mientras avanza el juicio político.
La crisis política se profundizó el jueves, cuando el presidente presentó su renuncia en medio de las repercusiones por la intervención de Ueno Bank y las acusaciones sobre sus presuntos vínculos empresariales con la entidad financiera. El proceso de destitución fue impulsado por la oposición, pero también recibió el respaldo de legisladores del oficialismo.
El escándalo de Ueno Bank
La crisis se desencadenó luego de que el Banco Central del Paraguay iniciara el proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había registrado un fuerte crecimiento en los últimos años. La autoridad monetaria informó que el índice de solvencia de la institución había caído por debajo del 50% exigido, tras una serie de ajustes en sus estados financieros durante un proceso de regularización.
Peña quedó involucrado en la controversia debido a que anteriormente fue accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada al grupo empresario que controlaba el banco. El mandatario se desvinculó de esa estructura en 2025, cuando ya se encontraba al frente del Poder Ejecutivo.
A partir de la intervención, que generó dificultades de acceso a los fondos de millones de clientes, la oposición denunció presuntos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de recursos públicos y decisiones regulatorias que habrían favorecido a la entidad. Entre los cuestionamientos también figuran operaciones con fondos previsionales y un supuesto beneficio patrimonial indebido.
En medio de las repercusiones, Peña exigió la renuncia del titular del Banco Central y promulgó una modificación legal para agilizar la devolución de los depósitos a los ahorristas afectados. Sin embargo, las medidas no lograron contener el malestar social ni las presiones políticas.
El debilitamiento del mandatario también se reflejó dentro de su propio Partido Colorado. Horacio Cartes, expresidente y uno de los principales impulsores de su carrera política, le retiró su respaldo y anunció que su sector acompañaría el pedido de juicio político. Peña, por su parte, niega haber cometido irregularidades.