Desbarataron una red familiar de apuestas clandestinas en Corrientes: secuestraron $8 millones
Los procedimientos se realizaron en varias viviendas del barrio Las Flores de Curuzú Cuatiá. La investigación apunta a tres mujeres y un hombre, integrantes de una misma familia, que presuntamente administraban una plataforma ilegal de juegos online. También incautaron celulares y una computadora.
Una presunta organización familiar dedicada a la explotación de apuestas clandestinas a través de internet fue desbaratada tras una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá. Durante los procedimientos, la Policía secuestró cerca de $8 millones en efectivo y distintos dispositivos electrónicos que serían utilizados para el funcionamiento de la red ilegal.
Los operativos se llevaron adelante en varias viviendas del barrio Las Flores y fueron encabezados por la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III, por disposición del Juzgado de Garantías a cargo de Martín Vega, en el marco de una investigación que tramita en la Fiscalía de Oscar Cañete.
Según informaron fuentes del caso, el dinero fue encontrado distribuido en dos de los inmuebles allanados. Además, los efectivos incautaron una computadora portátil y cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance de las actividades investigadas y rastrear posibles transacciones vinculadas con las apuestas.
Una organización integrada por familiares
La investigación permitió identificar a cuatro sospechosos: tres mujeres y un hombre, todos integrantes de una misma familia, quienes presuntamente administraban una plataforma de juegos en línea sin autorización oficial.
La causa se enmarca en una posible infracción al artículo 301 bis del Código Penal argentino, que establece penas de tres a seis años de prisión para quienes organicen, exploten o administren juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente.
El procedimiento contó con el apoyo del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Unidad Regional III y fue supervisado por el director de esa dependencia, el comisario mayor Juan Ramón Lima.
Por disposición judicial, las cuatro personas fueron demoradas preventivamente para su identificación y, luego de ser notificadas de las actuaciones, recuperaron la libertad. Sin embargo, continuarán vinculadas a la causa penal mientras avanza la investigación.