El golpe al "día a día": el colapso de Ueno Bank paraliza la economía informal de tres millones de paraguayos y acorrala al Gobierno

La intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank trascendió rápidamente la esfera financiera para convertirse en una parálisis social y económica sin precedentes en el país. La crisis generada por el cierre de la entidad no solo afecta a los grandes ahorristas, sino que ha dejado desamparadas a cerca de tres millones de personas que utilizaban la plataforma para cobrar sus salarios y operar en el comercio diario.

El impacto se siente con especial dramatismo en el sector informal, que representa el 60% de la fuerza laboral paraguaya. En puntos comerciales clave como el emblemático Mercado 4 de Asunción, la confianza en las transacciones electrónicas colapsó por completo y los vendedores dejaron de aceptar transferencias mediante el sistema digital Canc/Pay asociado al banco, exigiendo estrictamente dinero en efectivo.

"El paraguayo es muy emprendedor, muy comerciante y vive del día a día. Nunca antes se vio que un banco haya dado tantas posibilidades de entrar al sistema a la clase popular", explicó el periodista paraguayo Elías Piris en diálogo con LT7. Según detalló el cronista, miles de trabajadores independientes y choferes de plataformas se encuentran imposibilitados de acceder a sus ingresos para cubrir necesidades básicas de alimentación.

De los cócteles de la élite al calabozo

La investigación judicial sobre las causas de la insolvencia avanza con celeridad. Hasta el momento, la Justicia imputó a 27 personas y dispuso la detención de dos altos ejecutivos, entre ellos el empresario Miguel Vázquez. La principal hipótesis apunta a una maniobra de vaciamiento orquestada mediante el otorgamiento masivo de créditos a empresas vinculadas a los propios accionistas y directivos de la entidad.

Estas operaciones irregulares provocaron un severo deterioro patrimonial que dejó el índice de solvencia del banco en un 6%, la mitad del mínimo legal exigido por el organismo regulador. La caída provocó un fuerte impacto de opinión pública por el perfil social de los procesados.

"Hace un mes estos eran presentados como grandes señores de la sociedad, salían en las páginas de sociales de los clubes más famosos de élite en Asunción, y hoy se los ve en las tapas de los mismos diarios ingresando esposados a los estrados judiciales", remarcó Piris. El periodista reveló además que su equipo de investigación ya había advertido sobre estas irregularidades un año atrás. "En ese momento, los medios del oficialismo nos trataron de absolutamente de todo e intentaron desacreditar nuestra propia credibilidad", recordó.

Fondos públicos en juego y tensión en las calles

El escándalo salpica de lleno a la administración nacional debido a que Ueno Bank administraba aproximadamente 850 millones de dólares mensuales pertenecientes a organismos estatales. Entre estos recursos se encontraban fondos estratégicos de la represa hidroeléctrica Itaipú, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el 10% del sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS).

En las calles de Asunción y ciudades del interior, el clima oscila entre la indignación y la desazón. Frente a las filiales bancarias intervenidas se registraron vigilias y protestas nocturnas que derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad, las cuales emplearon gases lacrimógenos y carros hidrantes para dispersar a los manifestantes. Salvo un hecho aislado en la localidad de San Lorenzo —donde un afectado rompió los vidrios de una sucursal—, no se reportaron saqueos ni destrozos generalizados.

"Más allá de la efervescencia social, hay que ser honestos: lo que hay en las calles es un clima como de velorio, con mucha tristeza, desazón e incertidumbre", describió Piris.

Acorralamiento político y grieta en el oficialismo

La crisis financiera mutó en una severa tormenta institucional en el Congreso. Bloques de la oposición formalizaron la presentación de dos pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, con el respaldo de 35 firmas de diputados liberales, de fuerzas minoritarias y del sector disidente de la ANR.

Los fundamentos atribuyen a los mandatarios presunta responsabilidad política, señalando conflictos de intereses por vínculos previos de Peña con el grupo propietario del banco, fallos en el control del sistema financiero y el direccionamiento de fondos públicos hacia la entidad. Para aprobar la acusación en la Cámara de Diputados se requieren 51 votos favorables (dos tercios del cuerpo).

La viabilidad del juzgamiento depende del cálculo interno del Partido Colorado, fracturado entre el sector leal al presidente Peña y la facción liderada por el exmandatario Horacio Cartes. "Más allá de las negociaciones, el cálculo que están haciendo desde el oficialismo es si les conviene o no quedarse pegados hoy a la figura golpeada del presidente", sostuvo el periodista.

Medidas del Ejecutivo y plan de contingencia

Frente al avance de la crisis, Santiago Peña emitió un mensaje público en el que solicitó serenidad a la población y prometió resguardar los ahorros. El mandatario anunció el envío al Congreso del acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado al frente del Banco Central del Paraguay, acompañado por Pedro Acosta y Edsel González como directores.

Asimismo, el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para agilizar la devolución de depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El mecanismo contempla pagos iniciales para cubrir al 98% de los clientes afectados, garantizando coberturas inmediatas según la reglamentación fijada por la autoridad monetaria.