El Senado avanzó con el proyecto que busca establecer un nuevo régimen de pensiones por discapacidad
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones y podría tratarse en el recinto el próximo 19 de noviembre. El proyecto propone reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, y establece nuevos requisitos, montos y mecanismos de control para las prestaciones.
El proyecto que busca establecer un nuevo régimen de pensiones por discapacidad avanzó este miércoles en el Senado, luego de obtener un respaldo mayoritario en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone reemplazar la actual Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2026.
Según trascendió, el oficialismo buscaría llevar la propuesta al recinto el próximo 19 de noviembre. El tratamiento se desarrolla en medio de cuestionamientos por las bajas de pensiones por invalidez que habían sido restituidas mediante decisiones judiciales y las medidas impulsadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Entre los principales cambios, el proyecto establece nuevos requisitos para acceder a las pensiones no contributivas, como contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acreditar identidad y cumplir determinadas condiciones socioeconómicas. También fija un límite de ingresos individuales equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, que en noviembre de 2026 representa $797.600.
La iniciativa contempla que las prestaciones equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece que sean compatibles con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el límite establecido. Además, prevé la rehabilitación de las pensiones suspendidas cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope.
Otro de los puntos centrales contempla auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos, garantías de cobertura médica para los beneficiarios y mecanismos de financiamiento para sostener las prestaciones. También establece plazos para cancelar compensaciones pendientes a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El proyecto recibió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones en la Cámara de Diputados. En el Senado, uno de los principales cuestionamientos fue planteado por la cordobesa Alejandra Vigo, quien advirtió sobre los montos de las compensaciones, la situación financiera de los prestadores y la falta de previsiones sobre los recursos que destinan las provincias al sistema.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la iniciativa alcanzaría los $598.912 millones en 2027 y superaría los $1,2 billones en 2028. La discusión también estará vinculada al Presupuesto 2027, debido a que algunos de sus artículos plantean modificaciones que podrían afectar el financiamiento destinado al sector.