Malvinas: Argentina inicia un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion

El Gobierno argentino anunció este lunes el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue instruida por el presidente Javier Milei a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado, mediante el mecanismo establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.    

Según informó la Oficina del Presidente, el objetivo de la presentación es impedir la explotación de hidrocarburos en la zona y evitar nuevas medidas vinculadas con la autorización de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

En paralelo, el Gobierno intimó al Reino Unido a frenar en un plazo de dos semanas las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos. Si Londres no cumple con el requerimiento, la Argentina anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que el país reclama sobre su plataforma continental.   

La Casa Rosada fundamentó su posición en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 2065 (XX), que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También citó la Resolución 31/49, que llamó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso recomendado por Naciones Unidas.

La disputa por el proyecto Sea Lion

El proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. En septiembre, la Justicia Federal de Río Grande había dictado una medida cautelar que ordenó a las compañías abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto, en el marco de una acción preventiva por posibles daños ambientales y soberanos.   

La iniciativa hidrocarburífera ya había generado distintas medidas por parte del Gobierno argentino. Durante septiembre, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona, además de presentar denuncias penales contra algunas compañías.   

Denuncia por vuelos entre Malvinas y Punta Arenas

El comunicado presidencial también incluyó un reclamo relacionado con las operaciones de Thales UK Limited. Según informó el Gobierno, se detectaron vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, realizados con una aeronave con matrícula británica y que, de acuerdo con la denuncia oficial, no contarían con autorización de las autoridades argentinas.

A partir de esa situación, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y las correspondientes denuncias penales, además de las gestiones diplomáticas que el Gobierno considere necesarias.

La decisión se conoce pocos días después de que el Presidente ratificara ante la Asamblea General de la ONU que la cuestión Malvinas constituye una causa nacional para la Argentina y reclamara la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido.   

Con el nuevo procedimiento de arbitraje, el Gobierno busca trasladar al ámbito jurídico internacional el conflicto generado por el avance de las actividades hidrocarburíferas en la zona que Argentina considera parte de su plataforma continental.