Hermindo Gonzalez: "Si esperamos que con la baja de edad de imputabilidad se resuelva la inseguridad, estamos equivocados"

 

Tras la entrada en vigencia en todo el país del nuevo régimen penal juvenil el pasado sábado 5 de septiembre, el debate sobre la eficacia de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años volvió al centro de la escena. En Corrientes, la medida se complementa con la sanción de un Código de Procedimiento Penal Juvenil provincial para instrumentar la aplicación de la norma de fondo.

En diálogo con el programa Equipo de Noticias, el abogado penalista Dr. Hermindo González ofreció una mirada crítica sobre las verdaderas expectativas que debe tener la sociedad frente a este cambio legislativo. Para el especialista, la discusión misma de esta reforma es un síntoma de un problema más profundo: "Que nosotros estemos hoy hablando, analizando y debatiendo esta cuestión es reconocer el fracaso de toda la política pública de prevención y seguridad". En ese sentido, sentenció de forma contundente que "el derecho penal no va a brindar solución a las problemáticas sociales".

Sin estadísticas reales y bajo el "clamor popular"

Durante un tenso debate con los integrantes del panel periodístico, González señaló que la reforma se aprobó con premura para dar respuesta a demandas sociales frente a crímenes de alta repercusión mediática. "Nosotros nos apresuramos con el dictado de una norma para satisfacer el clamor popular sin establecer una estadística que nos determine esto".

Según el letrado, en Argentina no se han realizado estudios rigurosos para determinar qué porcentaje de los delitos graves son cometidos específicamente por jóvenes de entre 14 y 15 años. "No se ha hecho un estudio para determinar cuál es el porcentaje de chicos dentro de esta franja etaria que cometen estos delitos que merecen ser abarcados por la ley penal", explicó, argumentando que se ha colocado una mirada desproporcionada sobre esta población como si fuera el origen de todos los problemas de seguridad.

El funcionamiento del nuevo régimen en Corrientes

Al ser consultado sobre cómo se aplicará la ley en la práctica judicial de la provincia, el Dr. González detalló cuestiones técnicas clave:

• Límite a las penas: A tono con la normativa internacional, los menores de edad no pueden ser condenados a prisión o reclusión perpetua. El Código Procesal de Corrientes establece un tope máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves.
• Medidas de coerción excepcionales: La privación de la libertad ambulatoria durante el proceso judicial (prisión preventiva) se contempla como una última instancia de carácter excepcional. Además, cuenta con plazos estrictos de 3 meses, prorrogables únicamente por otros 3 meses.
• Establecimientos adaptados: Quienes resulten privados de su libertad deben cumplir las medidas en espacios especialmente adaptados. El foco primordial debe estar puesto en el aspecto socioeducativo, la recuperación y la resocialización para reinsertarlos en la comunidad.

Una política penal "espasmódica"

González lamentó que el país sostenga una política criminal basada en reacciones de corto plazo ante hechos coyunturales. "Vivimos una política y sobre todo penal muy espasmódica vinculada a hechos que van ocurriendo, y que se pretende dar respuesta desde lo penal a problemáticas que son profundamente sociales".

Finalmente, el penalista recalcó que la solución de fondo no reside en el encierro, sino en el rol activo del Estado en la vida de los jóvenes. "La punibilidad no puede reemplazar a las cuestiones de raigambre social; debemos contenerlos, promoverlos humanamente y resocializarlos". En este sentido, llamó a resguardar los derechos de la niñez y adolescencia para edificar una sociedad nueva, incluso para aquellos jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal.