Corrientes: el SJT ordenó reabrir la causa de un joven asesinado que había sido archivada

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes  dejó sin efecto el archivo de la investigación por el crimen de Joaquín Alberto Pérez  , ocurrido en noviembre de 2022 en la ciudad de Esquina, y ordenó la inmediata prosecución del proceso  .

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia N° 150  , dictada el 5 de agosto de 2026, a partir de un recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal  . Por mayoría, el máximo tribunal provincial sostuvo que el mero vencimiento del plazo máximo establecido por la legislación procesal no implica, por sí solo, la extinción automática de la acción penal.

De esta manera, el STJ revocó la Resolución N° 851/25 del Tribunal de Revisión  y el Auto N° 735/25 del Juzgado de Garantías de Esquina  , decisiones que durante 2025 habían dispuesto el cierre del expediente al considerar vencido el plazo legal para continuar con la investigación.

El tribunal estuvo integrado por su presidente, Guillermo Horacio Semhan  , y los ministros Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz  .

Además de ordenar la reapertura del expediente, el máximo tribunal resolvió remitir las actuaciones a la Fiscalía General  , en los términos previstos por el artículo 150 del Código Procesal Penal, para evaluar eventuales responsabilidades funcionales de los operadores judiciales que pudieron haber intervenido en las demoras de la investigación.

El crimen que conmocionó a Esquina

La causa se inició a partir del homicidio ocurrido el 21 de noviembre de 2022  , cuando Joaquín Alberto Pérez  fue encontrado sin vida en la vía pública, sobre calle Mancini al 1500, en Esquina.

Los informes médicos y las pericias realizadas determinaron que la víctima murió como consecuencia de un gravísimo traumatismo craneoencefálico provocado por disparos de escopeta  .

Durante los primeros meses de la investigación permaneció detenida la expareja de Pérez, aunque posteriormente recuperó su libertad.

Por qué el STJ decidió reabrir la causa

El voto que reunió la mayoría fue elaborado por el ministro Alejandro Alberto Chaín  , con la adhesión de Semhan, Rey Vázquez y Niz.

Chaín sostuvo que el vencimiento del plazo máximo previsto por el artículo 145 del Código Procesal Penal "no constituye una causal autónoma de extinción de la acción penal"  .

Según el criterio mayoritario, interpretar que el simple transcurso del tiempo provoca el archivo definitivo implicaría incorporar una nueva causal de extinción de la acción penal que no está contemplada por la legislación nacional sustantiva. Para el tribunal, esa interpretación entraría en contradicción con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación  .

El fallo también distinguió entre el cumplimiento de un plazo procesal y el derecho de una persona a ser juzgada dentro de un tiempo razonable  . Para determinar si ese derecho fue vulnerado, señaló la necesidad de analizar las características y complejidad de cada caso, además de la conducta de las partes involucradas.

Panseri votó en disidencia

El ministro Eduardo Gilberto Panseri  se pronunció en contra de la decisión de la mayoría. En su voto sostuvo que el plazo de tres años establecido por la legislación procesal correntina "no es una sugerencia cronológica"  .

Para Panseri, cuando los plazos perentorios vencen sin que se haya solicitado una prórroga de manera oportuna, se afectan las garantías procesales y se produce la caducidad de las facultades del Ministerio Público para continuar con la persecución penal.

El magistrado consideró además que la demora en la causa no estuvo relacionada con la complejidad del expediente, sino con la actuación del Ministerio Público. Por ese motivo, propuso impedir que la Fiscalía continuara impulsando la acción penal, aunque sin afectar el eventual derecho de los familiares de la víctima a intervenir como querellantes.

También planteó remitir copias al Jurado de Enjuiciamiento  para analizar el desempeño de los funcionarios y magistrados que intervinieron en el expediente.

Finalmente, el criterio de la mayoría se impuso y el Superior Tribunal de Justicia ordenó que la investigación por el asesinato de Joaquín Pérez continúe hasta alcanzar una resolución definitiva  .