Capital Humano rechazó el paro universitario y aseguró que el Gobierno "cumplió con lo acordado"
La cartera nacional cuestionó la medida de fuerza anunciada por los gremios docentes para agosto y afirmó que no existe incumplimiento salarial. Los sindicatos reclaman por financiamiento universitario, actualización de salarios y fondos para hospitales universitarios.
El Ministerio de Capital Humano salió al cruce del nuevo paro universitario anunciado por los gremios docentes y aseguró que el Gobierno nacional cumplió con los compromisos asumidos en la negociación salarial. A través de un comunicado oficial, la cartera calificó la medida de fuerza como "prematura" y sostuvo que "no existe incumplimiento alguno" por parte del Ejecutivo.
Según explicó el Ministerio, los fondos correspondientes a las universidades fueron transferidos y el personal docente y no docente ya comenzó a percibir el aumento acordado en la última paritaria. En ese sentido, recordó que el 10 de junio se firmó un acta con los sindicatos que estableció una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en dos tramos: un 21,33% aplicado en junio y un 3% previsto para octubre.
El acuerdo también contemplaba un cuarto intermedio en las negociaciones y la convocatoria a una nueva reunión paritaria con fecha límite hasta el 15 de septiembre. Bajo ese argumento, Capital Humano sostuvo que la discusión salarial continúa abierta y que la medida de fuerza anunciada por las organizaciones sindicales carece de justificación en este momento.
El paro fue convocado por las federaciones y gremios que integran el sistema universitario nacional bajo la consigna "En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro". Según las distintas convocatorias sindicales, la protesta se extenderá entre el 11 y el 15 de agosto.
Desde el sector docente y universitario, sin embargo, señalaron que los reclamos exceden la cuestión salarial. Entre los principales puntos planteados figuran el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la aplicación de medidas judiciales que ordenan actualizar salarios y becas, y la ejecución de fondos destinados a hospitales universitarios.
De esta manera, el conflicto entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria continúa abierto, con posiciones contrapuestas sobre el cumplimiento de los acuerdos y la situación presupuestaria del sistema educativo superior.