Federico Sturzenegger, el gran derrotado en el conflicto portuario: fue corrido de la negociación y reemplazado por Alejandra Monteoliva
El ministro desregulador fue el gran impulsor del decreto de la polémica. Recibió fuertes críticas de empresarios por su falta de tacto para manejar la reforma. Su postura intransigente, con amenazas de sanciones y denuncia penal, sólo agravaron la situación.
Después de un paro que frenó la operatoria portuaria durante cuatro días, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás este martes con el decreto desregulador del practicaje y pilotaje en ríos y puertos argentinos publicado el viernes pasado. El gran derrotado fue el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, el autor intelectual de la medida. Fue corrido de la negociación, acusado de poco tacto al momento gestionar la reforma, y reemplazado por su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El conflicto se desató el sábado tras la publicación del decreto desregulador, pero hubo señales de alerta que el Gobierno prefirió ignorar. Desde hacía un tiempo que el sector de prácticos, pilotos y baqueanos había expresado su rechazo al proyecto que estaba elaborando Sturzenegger. Fiel a su estilo, el ministro desregulador insistió con la iniciativa, sin conformar una mesa de diálogo. La respuesta fue contundente. Quizás inesperada.
La primera reacción del Gobierno fue la dureza. Se negó a cualquier modificación y amenazó a los practicantes, pilotos y baqueanos con una denuncia penal y la inhabilitación de por vida. Esto solo avivó más el conflicto que generó al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio y una pérdida que oscila entre los u$s2 y u$s3 millones diarios, según confirmaron a Ámbito fuentes oficiales. El "conflicto va a escalar", prometieron los prácticos, pilotos y baqueanos.
Malestar en los empresarios por el manejo del conflicto
La situación generó un fuerte malestar en las cámaras empresariales del sector. "La imprevisibilidad operativa y el riesgo de desvío de buques hacia puertos de la región deterioran la imagen de la Argentina como origen confiable, comprometiendo acuerdos comerciales construidos durante años", argumentó la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) en un comunicado oficial.
Además de la CPPC, varios empresarios deslizaron críticas a Sturzenegger, encargado de negociar el conflicto, por su falta de capacidad para resolver el conflicto. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, señaló a Ámbito que "la Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo".
Tras el conflicto, el Gobierno decidió dar marcha atrás y correr a Sturzenegger de la negociación de un conflicto que amenazaba con generar pérdidas millonarias y paralizar parte del comercio exterior, fundamental para el ingreso de divisas extranjeras, un bien tan preciado como escaso.
El decreto de la discordia
El ahora suspendido decreto 690/2026 del Ministerio de Transformación y Desregulación pretende "modernizar una normativa vigente desde 1991, quitar restricciones que limitaban la competencia y reducir los costos logísticos que afectan al comercio exterior".
La reforma elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios. Además, dispone que la Prefectura Naval Argentina mantendrá un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad, favoreciendo una mayor oferta y evitando barreras artificiales de acceso a la actividad.
El texto oficial también suprimía la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para determinados buques.
"La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", dijo Sturzenegger al momento de explicar los cambios.
Desde la oposición al decreto, el presidente Cámara de Practicaje y Pilotaje, John Ryan, sostuvo que "la seguridad de la navegación y la seguridad individual se encuentran enormemente vulneradas con esta nueva regla".
"Nosotros no somos el capitán del buque. Somos como el controlador aéreo que asiste en esa llegada y esa partida", comentó a Cadena 3 Rosario. Y añadió: "Desde 1991 el servicio está desregulado, la cantidad de prácticos que pueden entrar al sistema no tiene límites".
Además sostuvo que las tarifas del servicio están reguladas por el Estado Nacional desde 2018 y que los valores actuales funcionan como topes máximos, no como precios que los prácticos pueden fijar libremente.
El Gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro
Para destrabar el conflicto, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y la reanudación inmediata de las tareas de asistencia a la navegación. La medida permitirá comenzar a normalizar la operatoria portuaria, afectada por un paro que mantenía detenidos a más de 150 buques.
Como parte del entendimiento, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026, que había desregulado los servicios de practicaje y pilotaje, y conformar una mesa de trabajo para revisar los distintos aspectos de la actividad.
La instancia será coordinada por el Gobierno y contará con representantes de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes. Las conversaciones continuarán hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos incluidos en la normativa.
Los prácticos, por su parte, retomarán sus tareas de manera inmediata luego de haber interrumpido la asistencia a embarcaciones argentinas y extranjeras en rechazo a la desregulación.
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Fuente: Ámbito / Perfil