La Iglesia pidió a los legisladores correntinos rechazar el proyecto sobre propiedad privada

La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes solicitó a los legisladores nacionales por la provincia que rechacen los artículos cuestionados del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La entidad sostuvo que la iniciativa podría generar un impacto negativo sobre la soberanía territorial, los recursos naturales y los derechos de los sectores más vulnerables.

El pedido se apoya en el documento "La tierra: madre, hermana y bien común"  , elaborado por Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen. La carta fue presentada el pasado 16 de junio y posteriormente expuesta ante una comisión del Senado por el arzobispo emérito de Corrientes, monseñor Ricardo Liébana.

Desde la Comisión Arquidiocesana informaron que remitieron el documento a los senadores nacionales por Corrientes junto con la exposición de Liébana, solicitándoles que acompañen con su voto el rechazo de los artículos observados. Según indicaron, hasta el momento no obtuvieron una respuesta formal y prevén reiterar el planteo en los próximos días.

Entre los aspectos cuestionados figura la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que eliminaría las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Actualmente, la normativa establece límites a la tenencia de tierras rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras, además de contemplar restricciones para zonas de frontera y áreas ribereñas.

La Iglesia también manifestó reparos sobre los cambios previstos en el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y las normas vinculadas a la integración socio-urbana de barrios populares, al considerar que las modificaciones podrían afectar la protección de bienes estratégicos y el acceso a derechos de distintos sectores de la población.

En el documento difundido por las organizaciones eclesiales se sostiene que el proyecto, promovido por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pone en riesgo la soberanía sobre la tierra, los alimentos y los bienes comunes, además de debilitar la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio.