Escándalo en Mburucuyá: denuncian que el oficialismo bloquea la asunción de un concejal para no quedar en minoría
El Concejo Deliberante se encuentra paralizado debido a una maniobra que busca postergar el juramento de Cristian Escalante. A pesar de existir dos fallos judiciales que ordenan su inmediata incorporación por el corrimiento natural de la lista, las autoridades locales mantienen el cuerpo legislativo inactivo.
La localidad de Mburucuyá atraviesa una profunda crisis institucional que pone en jaque el funcionamiento democrático de su Poder Legislativo. El conflicto se originó tras la renuncia de Pablo Guastavino, quien resultó electo concejal pero decidió no asumir su cargo. Según establece la normativa electoral y la carta orgánica municipal, su lugar debe ser ocupado por Cristian Escalante, quien lo seguía en la lista de candidatos.
Sin embargo, el oficialismo local ha montado una estrategia para impedir que Escalante preste juramento. La razón detrás de este bloqueo es estrictamente numérica: con la conformación completa, el Concejo Deliberante quedaría con cuatro concejales opositores y tres oficialistas. Al no permitir la asunción, el cuerpo funciona con seis miembros (tres y tres), permitiendo que el presidente del Concejo (actual viceintendente), desempatara las votaciones a favor del Ejecutivo.
Una maniobra para "congelar" la democracia
En diálogo con LT7, Cristian Escalante denunció que intentaron obligarlo a asumir en una sesión ordinaria donde su juramento figuraba como el último punto del orden del día. "Querían tratar antes temas sensibles como la elección de autoridades, secretarios y comisiones de trabajo para garantizárselos con sus números actuales, dejándome afuera de esas decisiones", explicó el concejal electo.
Ante esta situación, el bloque opositor decidió no dar quórum para evitar que se consume lo que consideran un atropello a la voluntad popular. Esto ha derivado en una inactividad total del Concejo Deliberante, que no sesiona mientras el oficialismo se niega a convocar a una sesión especial exclusiva para la toma de juramento, tal como lo exige el artículo 93 de la carta orgánica.
Desobediencia judicial y riesgo de intervención
El escándalo ya ha llegado a los estrados judiciales. La jueza María Gabriela Romero Feris ha dictado dos medidas cautelares intimando al presidente del cuerpo a que tome juramento a Escalante de manera inmediata y "sin más trámite". No obstante, las autoridades municipales persisten en el incumplimiento de estas órdenes.
Desde diversos sectores se advierte que este comportamiento calificado como "rebelión judicial" y "abuso de autoridad" podría derivar en graves consecuencias penales para los funcionarios responsables, e incluso en la intervención del municipio debido a la disfuncionalidad del poder legislativo.
"Es insólito que en pleno 2026 se desconozca un resultado electoral por un capricho político", señaló Martín Varela al aire de LT7 al analizar el caso, comparando la situación con episodios oscuros de la historia política donde se cerraron parlamentos por no contar con mayorías. Mientras tanto, el pueblo de Mburucuyá permanece a la espera de que se regularice una situación que hoy mantiene su democracia local en suspenso.