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GIRO EN EL CASO DE Susana Maraz

Vínculos con el narcotráfico y una obra récord: detuvieron frente a la Basílica al clan que usurpó y acosa a una madre en Itatí

Integrantes de la familia denunciada por la violenta usurpación fueron demorados vendiendo droga. Mientras tanto, en apenas un fin de semana y bajo reflectores, terminaron de techar la vivienda ilegal en el patio de la víctima ante la inacción judicial.

El caso de Susana Alejandra Maraz, la madre que denunció vivir un calvario en Itatí, sumó este fin de semana capítulos de extrema tensión y revelaciones sobre la naturaleza del grupo que la hostiga. Según confirmó su abogado, el Dr. Jorge Vallejo, en diálogo con LT7, miembros del clan familiar denunciado fueron detenidos por la división de toxicomanía mientras comercializaban estupefacientes frente a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí.

La detención, que incluyó un enfrentamiento con los efectivos policiales, aportó una explicación al despliegue de recursos de los usurpadores. "Uno empieza a unir información y saca conclusiones", señaló Vallejo, vinculando la actividad ilícita con el gran poder económico que ostenta el grupo para movilizar vehículos y financiar obras rápidas.

Una construcción "relámpago" e ilegal

A pesar de existir una orden judicial de "no innovar", los ocupantes ignoraron por completo la ley. Durante el último fin de semana, trabajaron en turnos que cubrieron las 24 horas del día, utilizando incluso potentes reflectores para continuar la obra durante la noche. El resultado es alarmante: una casa que el martes pasado solo tenía cimientos, hoy ya se encuentra techada y casi lista para ser habitada en el patio trasero de Maraz.

La impunidad del grupo llegó al punto de intentar formalizar su situación el pasado sábado. Los usurpadores se presentaron ante la DPEC con un certificado de domicilio para solicitar la instalación de un medidor de luz. La maniobra fue frenada por la intervención del abogado defensor, quien advirtió a las autoridades de la prestataria sobre la ilegalidad de otorgar servicios a personas que están violando una orden judicial de no innovar.

Indefensión y pánico constante

Mientras el clan avanza, la situación de Susana Maraz y sus dos hijas menores, de 14 y 17 años, es desesperante. "Ella sigue con mucho miedo, encerrada en su casa y en un estado de pánico total", describió Vallejo. La mujer, que ya había denunciado amenazas de muerte donde le aseguraban que "su casa sería el cementerio", se siente desprotegida ante lo que su defensa califica como una "inacción por parte del Estado".

A pesar de que se han ampliado las denuncias y se aportaron nuevas pruebas, la policía local manifiesta no poder actuar para frenar la construcción o desalojar a los intrusos sin una orden judicial específica de la fiscalía, la cual todavía se aguarda mientras la vivienda ilegal queda terminada frente a los ojos de la víctima.