El Gobierno acelera los retiros voluntarios y avanza en la reducción de organismos descentralizados

En el oficialismo estudian avanzar con la extensión de los acuerdos voluntarios de desvinculación hacia la administración central, en el marco del proceso de achicamiento del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei. La política es ejecutada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, con especial foco en los organismos descentralizados, aunque fuentes oficiales reconocen que el esquema podría ampliarse en las próximas semanas a otras áreas de la administración pública.

Desde Casa Rosada remarcan que el proceso de reducción de la estructura estatal se apoya en distintas herramientas, entre ellas los retiros voluntarios, que fueron implementados en múltiples organismos. Según estimaciones oficiales, desde el inicio de la gestión se proyectaba una reducción de al menos 5.000 puestos en el primer trimestre de 2026, mientras que hasta el momento más de 2.300 trabajadores ya adhirieron a estos programas de desvinculación.

En el Gobierno sostienen que se trata de un mecanismo "dinámico", donde las cifras varían según las necesidades presupuestarias y las solicitudes de cada organismo. "En cada retiro se proyecta un número, pero no hablamos de un objetivo general", explicaron fuentes oficiales, que además remarcaron que en algunos casos los propios entes estatales impulsan la aplicación del esquema.

La política de retiros voluntarios ya se aplicó en distintos organismos del Estado. Entre los casos más relevantes figuran la Dirección Nacional de Vialidad, donde se estima que cerca de 1.000 empleados dejaron la planta, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con alrededor de 1.170 desvinculaciones. En el oficialismo destacan ambos procesos como los más significativos, ya que representan cerca del 10% del personal de cada organismo.

El esquema también se implementó en Radio y Televisión Argentina (RTA), donde junto a otros procesos de reorganización se redujo la dotación en más de 250 empleados, así como en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística. Además, el Gobierno anticipa nuevas etapas de retiros en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En paralelo, el Ejecutivo analiza abrir nuevos procesos en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que cuenta con una planta cercana a los 11.000 trabajadores, junto con otros organismos que aún no fueron confirmados oficialmente. En la administración libertaria remarcan que los acuerdos son de carácter voluntario y que quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado durante cinco años.

Desde el oficialismo defienden el esquema al señalar que los acuerdos permiten reducir la conflictividad y generar ahorro fiscal. Según explicaron, los trabajadores reciben alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado, lo que en muchos casos representa una alternativa más económica que una indemnización tradicional para el Estado.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que implica una caída interanual del 6,3% respecto de marzo de 2025. En Casa Rosada aseguran que, sumando retiros voluntarios y no renovación de contratos, ya se redujeron más de 65.000 puestos desde el inicio de la gestión, en el marco de la política de reducción del tamaño del Estado.