Procesaron al dueño de una clínica de fertilidad por trata de personas
En la causa se investiga la presunta captación de mujeres en situación vulnerable para someterlas a gestaciones por sustitución con fines comerciales. Además del director de la clínica, se acusa a una empleada y a un abogado.
El Juzgado Federal N°2 de Córdoba procesó al director de una clínica de fertilización asistida por el delito de trata de personas con fines de explotación reproductiva. Se trata de José Pérez Alzaa, titular de la clínica Fecundart, quien está acusado de captar mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad económica para que actuaran como gestantes a cambio de dinero.
La resolución judicial también alcanzó a una empleada administrativa de la clínica y a un abogado señalado como parte central de la maniobra investigada.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la operatoria consistía en identificar mujeres con necesidades económicas urgentes a través de la base de datos de donantes de óvulos de la clínica. Inicialmente, las mujeres recibían una compensación económica menor por la donación de gametos y posteriormente eran contactadas para firmar contratos de gestación por sustitución por sumas cercanas a los 10 mil dólares.
La investigación sostiene que los imputados impulsaban los tratamientos con pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres involucradas. En algunos casos, incluso, se habrían realizado transferencias embrionarias sin autorización judicial previa.
El expediente también detalla graves irregularidades en el seguimiento médico de las gestantes. Según la fiscalía, una de las víctimas dejó de recibir atención de la clínica tras el parto, pese a presentar complicaciones de salud derivadas del procedimiento.
El rol del abogado procesado aparece como uno de los puntos más sensibles de la causa. De acuerdo con la investigación, el letrado administraba un "stock" de mujeres gestantes y coordinaba los vínculos con las parejas interesadas en acceder a la gestación subrogada.
Además, impartía instrucciones para que las mujeres simularan vínculos de amistad previos con los comitentes ante la Justicia de Familia, con el objetivo de facilitar las autorizaciones judiciales.
Durante el peritaje de su teléfono celular, la Justicia encontró mensajes donde el abogado indicaba qué respuestas debían memorizar las mujeres antes de las audiencias y les sugería "hablar lo menos posible".
Uno de los episodios más graves detectados por la investigación involucra a una mujer de 33 años que fue ofrecida nuevamente como gestante apenas 45 días después de haber dado a luz mediante el mismo procedimiento. El MPF sostuvo que ocultar ese antecedente expuso a la víctima a severos riesgos médicos.
En otro caso, el abogado le habría pedido a una mujer que modificara su foto de WhatsApp y se quitara las uñas postizas para "causar mejor impresión" ante una pareja interesada en contratarla como gestante.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes dispuso un embargo de 1.051 millones de pesos sobre los bienes de los imputados para garantizar eventuales reparaciones económicas a las víctimas.
Además del delito de trata de personas con fines de explotación reproductiva, los acusados fueron procesados por reducción a la servidumbre y explotación agravada por abuso de situación de vulnerabilidad. El abogado también quedó imputado por falsedad ideológica.
En su resolución, el magistrado aclaró que la gestación por sustitución no constituye un delito cuando existe consentimiento libre y un fin solidario, pero advirtió que la explotación comercial basada en situaciones de vulnerabilidad sí encuadra dentro del delito de trata de personas.
"El aprovechamiento de la extrema necesidad económica para obtener beneficios configura una situación de explotación", sostuvo el juez, quien consideró acreditada la captación de mujeres mediante bases de datos y redes sociales.
En paralelo, el juez sobreseyó al director de otra clínica investigada en la causa al considerar que en ese establecimiento se exigía autorización judicial previa para cada procedimiento y existían controles interdisciplinarios sobre el consentimiento de las gestantes. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión ante la Cámara Federal de Córdoba.
También fueron sobreseídos dos abogados, dos empleadas y un inspector municipal, ya que el magistrado entendió que no tenían conocimiento de la maniobra investigada.