Sigue el desguace: el Gobierno lanzó un plan de retiro voluntario en el INTA y profundiza el ajuste en el organismo
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y estará vigente hasta fines de mayo. El esquema excluye a distintos grupos de trabajadores y se da en medio de conflictos judiciales y denuncias por vaciamiento del instituto.
En el marco de las políticas de reorganización y recorte aplicadas sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Gobierno nacional puso en marcha un programa de retiro voluntario destinado a trabajadores del INTA, una decisión que profundiza el proceso de reducción de estructura y funciones del organismo.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 144/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich. El régimen comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes, aunque podrá ser prorrogado por única vez durante 15 días más si así lo solicita el Consejo Directivo.
Según lo establecido en la normativa, el cálculo de las compensaciones económicas se realizará tomando como base los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo del mismo año. El esquema contempla además un incremento salarial acumulado del 10,30% sobre la base de referencia utilizada para las liquidaciones.
La resolución también fija una serie de exclusiones para acceder al retiro voluntario. Entre ellas se encuentran los agentes que hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026, trabajadores procesados o condenados por delitos contra la administración pública y quienes mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado por cuestiones laborales, salvo casos vinculados a accidentes o enfermedades laborales contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Tampoco podrán adherirse quienes estén involucrados en sumarios administrativos por faltas graves, aquellos sujetos a investigaciones patrimoniales, trabajadores que ya hayan iniciado trámites jubilatorios ni quienes hubieran presentado previamente su renuncia.
La decisión se produce en un contexto de fuerte tensión dentro del organismo, luego de sucesivas medidas que redujeron su autonomía y capacidad operativa. En agosto de 2025, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín había intimado al gobierno de Javier Milei a frenar los pases a disponibilidad dentro del INTA y fijó una multa diaria de 10 millones de pesos en caso de incumplimiento.
Pese a esa cautelar y a la posterior caída del DNU 462/25 en el Senado, el Ejecutivo avanzó con la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que dispuso la disponibilidad de 300 trabajadores del organismo, profundizando el conflicto con gremios y sectores vinculados a la producción agropecuaria y científica.