Amenazas de tiroteos en escuelas: analizan cobrarles a los padres los operativos y endurecer sanciones
Buscan desalentar intimidaciones que alteran el dictado de clases. Autoridades advierten sobre consecuencias penales y civiles para responsables.
Ante la creciente ola de amenazas de tiroteos en escuelas, distintas jurisdicciones del país comenzaron a endurecer su postura y a evaluar sanciones económicas para quienes generen estos episodios. La iniciativa apunta a trasladar a las familias el costo de los operativos de seguridad desplegados ante cada alerta, que implican una importante movilización de recursos estatales.
En Santa Fe, el gobierno provincial ya avanzó con esta medida al estimar que cada procedimiento puede costar entre cinco y seis millones de pesos. El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, fue tajante: "No se trata de una broma, se trata de un delito", y confirmó que, una vez identificados, los responsables o sus tutores deberán afrontar los gastos derivados de la intervención policial, bomberos y equipos de emergencia.
El funcionario detalló que en los últimos días se registró un pico de 65 amenazas en una sola jornada, muchas de ellas realizadas a través de mensajes o carteles en baños escolares. Además, indicó que ya hay detenidos tras allanamientos recientes y advirtió que estos antecedentes pueden impactar negativamente en trámites futuros, como permisos de viaje o certificaciones oficiales.
Desde la cartera de Seguridad santafesina también alertaron sobre un "efecto copycat", es decir, la repetición de conductas a partir de la viralización de estos hechos. Esta dinámica obliga a las autoridades a actuar con máxima precaución en cada caso, sin poder distinguir de inmediato entre amenazas falsas y situaciones de riesgo real.
En Corrientes, la Policía provincial emitió un comunicado en el que anticipó que avanzará en una línea similar. La fuerza remarcó que no tolerará intimidaciones ni incitaciones a la violencia en ámbitos educativos y confirmó que estos hechos serán investigados bajo el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que tipifica la intimidación pública.
Asimismo, recordaron que los padres o tutores pueden ser considerados responsables civiles por los daños ocasionados por menores, según el artículo 1754 del Código Civil y Comercial. Este establece la responsabilidad solidaria de los adultos a cargo por las acciones de sus hijos, lo que abre la puerta a eventuales reclamos económicos por los perjuicios generados.
El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, sostuvo que se trata de una "situación de emergencia" y aseguró que la postura será de tolerancia cero. En ese sentido, aclaró que la edad de los involucrados no impide la intervención judicial y que las familias tampoco quedan al margen de las consecuencias.
En paralelo, la Justicia de Mar del Plata adoptó una resolución similar al disponer que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas deberán cubrir los costos de los operativos y posibles daños. La medida busca frenar la reiteración de estos episodios y garantizar la normalidad del ciclo lectivo, en un contexto donde ya se investigan múltiples casos y posibles vínculos con desafíos virales en redes sociales.