El Gobierno de Milei impulsa una nueva Ley de Discapacidad con controles más estrictos y cambios en pensiones
El proyecto plantea reempadronamiento obligatorio y redefine requisitos para acceder a beneficios. También introduce modificaciones en el sistema de prestaciones y financiamiento.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral del régimen de discapacidad, en medio de cuestionamientos por el incumplimiento de la actual Ley de Emergencia. La iniciativa, titulada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", ya ingresó por el Senado y anticipa un fuerte debate político.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios de pensiones por invalidez. Según el texto, los titulares deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales, bajo riesgo de suspensión automática del beneficio en caso de no cumplir con el trámite.
Además, se prevé un sistema de fiscalización más riguroso mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS. Ante cualquier inconsistencia detectada, el Estado podrá aplicar suspensiones preventivas de las pensiones, aunque se garantiza el derecho a defensa en el proceso.
La iniciativa también redefine el monto de las pensiones no contributivas, fijándolo en el 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, elimina la facultad del Poder Ejecutivo de otorgar adicionales por invalidez laboral o por residencia en zonas desfavorables.
En materia laboral, el proyecto introduce una "incompatibilidad absoluta" entre la percepción de la pensión y el empleo formal. De aprobarse, las personas con discapacidad no podrán mantener el beneficio si acceden a un trabajo registrado, lo que implica un endurecimiento de las condiciones actuales.
Otro de los cambios relevantes afecta a los programas de inclusión laboral. La propuesta elimina incentivos y beneficios para empresas que contraten personas con discapacidad, lo que podría impactar en las políticas de inserción laboral vigentes.
En paralelo, el texto modifica el sistema de prestaciones al eliminar el nomenclador nacional que fijaba aranceles homogéneos. En su lugar, habilita la negociación directa entre obras sociales, prepagas y prestadores, lo que implica una desregulación del esquema actual.
Finalmente, el proyecto también introduce cambios en la actualización de los valores, atando las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a avanzar con la discusión en el Senado, donde considera tener mayores posibilidades de reunir apoyos, en un contexto que anticipa tensiones con sectores que previamente respaldaron la emergencia en discapacidad.