Corrientes: ordenan a funcionaria municipal a cesar el hostigamiento contra una trabajadora trans

La Justicia de Corrientes ordenó a una funcionaria municipal de Paso de los Libres cesar todo tipo de hostigamiento contra una trabajadora trans, en el marco de una medida de protección que expone un presunto caso de violencia institucional dentro del ámbito estatal.

La resolución fue dictada por la jueza Marta Ruth Legarreta, del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, quien hizo lugar a la denuncia y dispuso que la funcionaria María Victoria Chalup Bracco, directora del área de Mujer, Género, Diversidad y Derechos del municipio, cese "todo acto u omisión que implique perturbación, intimidación, persecución, humillación o discriminación" hacia la víctima.

Según la presentación judicial, la trabajadora había ingresado al municipio a través del cupo laboral trans, una política pública orientada a garantizar la inclusión en el empleo estatal. Sin embargo, denunció que desde diciembre pasado comenzó a sufrir hostigamiento sistemático, maltrato y discriminación por su identidad de género.

Entre los hechos señalados, se mencionan el uso reiterado de pronombres masculinos, situaciones de humillación y exposición en el ámbito laboral, además de un cambio de funciones que agravó el conflicto.

De acuerdo a la denuncia, la trabajadora fue apartada de tareas administrativas y trasladada a labores de limpieza en la terminal de ómnibus, en horarios nocturnos y de madrugada. Para la abogada patrocinante, esto configura un caso de violencia estructural con múltiples agravantes, como violencia de género, discriminación por identidad y una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El expediente también indica que el contexto de hostigamiento impactó en la salud mental de la víctima, quien debió iniciar tratamiento psicológico.

En su fallo, la jueza ordenó el cese inmediato de las conductas denunciadas y advirtió que podrían aplicarse sanciones más severas en caso de incumplimiento. Además, dispuso la intervención del Cuerpo de Psicología Forense para evaluar el estado psíquico actual de la trabajadora en relación a los hechos.

No obstante, la magistrada se declaró incompetente para resolver el fondo del conflicto laboral —como la eventual reincorporación a sus funciones originales—, por lo que esa cuestión deberá continuar en el fuero contencioso administrativo.

El caso trasciende lo estrictamente laboral y abre el debate sobre el rol del Estado en la garantía de derechos y la no discriminación, especialmente en áreas vinculadas a género y diversidad, remarcando la necesidad de asegurar condiciones de igualdad y respeto para colectivos históricamente vulnerados.