El abogado de Agostina Páez aclaró dudas sobre la supuesta multa millonaria que debería pagar la joven en Brasil
Sebastián Robles dijo que no está definido si se exigirá un resarcimiento económico ni de cuánto sería. La reacción de la argentina al informarle que deberá permanecer en Río de Janeiro
La situación judicial de la argentina Agostina Páez en Río de Janeiro continúa sin definiciones claras. La joven, acusada de injuria racial, deberá permanecer en Brasil al menos dos semanas más luego de que el juez a cargo de la causa cambiara su decisión respecto a su posible regreso al país.
La audiencia celebrada este martes generó expectativas de una resolución inmediata o, al menos, de un panorama más claro sobre el futuro de la abogada santiagueña. Sin embargo, el proceso terminó envuelto en idas y vueltas: en un primer momento, el magistrado autorizó a Páez a regresar a Argentina, pero luego se retractó y finalmente dispuso que permanezca en Río de Janeiro hasta que se dicte el fallo definitivo, previsto en aproximadamente 15 días.
Tanto la Fiscalía como la querella habían coincidido en permitir que la joven regresara a su país para cumplir allí eventuales tareas de servicio comunitario. Además, trascendió que ambas partes solicitaron un resarcimiento económico para las víctimas, que podría alcanzar una cifra millonaria. No obstante, el abogado defensor Sebastián Robles desmintió que exista un monto definido. "Hasta que el juez no dicte la resolución final no vamos a saber si hay resarcimiento o no y, en caso positivo, de cuánto será", afirmó.
La decisión judicial obligó a Páez a extender una estadía que ya supera los dos meses en Brasil. Según su entorno, la marcha atrás del juez generó frustración, especialmente porque la joven esperaba regresar este fin de semana a Santiago del Estero junto a su padre, quien viajó para acompañarla.
"Estoy desesperada, muy triste y angustiada. Pensaba que tenía un alivio y ahora no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí", expresó Páez en una entrevista televisiva reciente, evidenciando el impacto emocional de la incertidumbre.
Pese al revés, la última audiencia dejó un saldo parcialmente favorable para la defensa. La Fiscalía redujo la acusación inicial —que contemplaba tres denuncias por injuria racial y una pena máxima de hasta 15 años de prisión— a un único cargo bajo la figura de delito continuado, con tres víctimas. En este escenario, la pena mínima sería de dos años, con posibilidad de ser reemplazada por servicios comunitarios y una eventual reparación económica.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la revocación de las medidas cautelares para permitir el regreso inmediato de Páez a la Argentina. Tanto la Fiscalía como la querella apoyaron el pedido. Sin embargo, el juez rechazó finalmente esa posibilidad hasta la presentación de los alegatos finales.
La decisión generó sorpresa incluso entre los representantes legales. "Nunca vi una resolución en contra de lo que pide la propia acusación. La Fiscalía y la querella coincidieron, el juez primero dijo que sí y después que no", cuestionó uno de los abogados intervinientes.
Ahora, el caso queda a la espera de una definición judicial que determine tanto la eventual condena como las condiciones de cumplimiento, en medio de un clima de incertidumbre para la joven argentina.