Firmó la prohibición, pero habilitó prostíbulos: condena firme por trata para un exintendente
La Corte Suprema rechazó el último recurso de la defensa y dejó firme la pena de cinco años de prisión por facilitar la explotación sexual de mujeres en La Pampa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exintendente de Colonia 25 de Mayo, David Bravo, al declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por su defensa. De este modo, quedó confirmada la pena de cinco años de prisión por su participación necesaria en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
La sentencia había sido dictada por el Tribunal Oral Federal de La Pampa y posteriormente ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Con la decisión del máximo tribunal, la condena quedó firme.
Bravo fue hallado culpable por haber permitido el funcionamiento de los prostíbulos "Venus" y "Karibian" en la localidad de Colonia 25 de Mayo, pese a que existía una ordenanza municipal firmada por él mismo que prohibía la habilitación de cabarets, whiskerías y night clubs en el distrito por encubrir situaciones de trata y violar la Ley de Profilaxis.
La causa se inició en diciembre de 2011, luego de la denuncia de una joven dominicana que afirmó haber escapado de uno de los locales nocturnos. La mujer relató maltratos, amenazas y aseguró que otras trabajadoras estaban en condiciones similares, una de ellas embarazada. También declaró que no acudió a la Policía porque "sabían todo" y que cuando el entonces jefe comunal asistía al lugar "le daban mil pesos y él firmaba".
Un allanamiento realizado días después confirmó la presencia de diez mujeres —nueve dominicanas y una argentina— que vivían en el lugar y donde se concretaban los llamados "pases". Durante el operativo, la encargada presentó una habilitación municipal bajo el rubro "cabaret", firmada por Bravo.
En la causa también fue condenada la mujer que regenteaba los prostíbulos, mientras que el comisario acusado por encubrimiento agravado resultó absuelto.
Con el fallo de la Corte, la responsabilidad penal del exintendente quedó definitivamente establecida.