Textil Alal: la Justicia ordenó un embargo a la empresa y los intimó a pagar las indemnizaciones
El juez laboral Ariel Brest hizo lugar a una medida presentada por un grupo de exempleados y ordenó a la firma Alal depositar 142 millones de pesos para garantizar el pago del 50% de las indemnizaciones.
La Justicia laboral dictó un revés para la empresa Alal en el marco del conflicto por los 260 despidos. El juez Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por trabajadores y ordenó el depósito de una suma millonaria destinada a cubrir parte de las indemnizaciones adeudadas.
Según la resolución judicial, la firma deberá depositar 142 millones de pesos en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días, monto que garantizaría el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes.
"Creo que es una medida positiva, por fin luego de tanto tiempo, al menos vamos a poder cobrar el 50%", le dijo Horacio, ex empleado de Alal durante 16 años, a LT7.
"Lo último que cobramos fue un no remunerativo de 200 mil pesos en enero. Estamos muy mal, en mi caso la peleo porque mi mujer tiene trabajo, pero hay gente que no tiene para comer, que no tiene para pagar el alquiler. Es muy triste lo que está pasando", agregó Horacio.
Embargo y garantía de pago
El magistrado consideró acreditada la mora del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. En ese contexto, dispuso además el embargo de bienes de la compañía por el monto reclamado. La medida establece que, en caso de incumplimiento, los bienes embargados podrán ser rematados para asegurar que los trabajadores perciban al menos una parte de lo que les corresponde por ley.
La empresa había comunicado a los empleados despedidos que abonaría solo el 50% de la indemnización prevista, pero hasta el momento no efectuó ningún pago, lo que motivó la intervención judicial.
Reclamo en curso
Si bien la resolución garantiza el cobro parcial, los trabajadores continuarán con el proceso judicial para reclamar el pago total de las indemnizaciones. El caso se inscribe en un contexto de alta conflictividad laboral y vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad empresarial frente a despidos masivos y el rol de la Justicia en la protección de los créditos laborales.