La Justicia ordena a Mburucuyá pagar sueldos y advierten posible responsabilidad penal del intendente
Una cautelar obliga al Municipio a abonar haberes adeudados desde diciembre; el abogado de los empleados denunció una situación "insostenible".
El Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Corrientes hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó a la Municipalidad de Mburucuyá la inmediata liquidación y pago de los salarios adeudados desde diciembre de 2025 a ocho trabajadores de planta permanente.
La resolución, firmada el 10 de febrero por el juez Leonardo Roberto Sánchez, se dictó en el marco de una acción de amparo presentada por los agentes municipales, quienes acreditaron su condición de empleados de planta permanente y denunciaron la falta de percepción de haberes durante el período reclamado.
Según consta en el fallo, los trabajadores habían sido adscritos al Hospital "San Antonio de Padua" de Mburucuyá mediante ordenanza del Concejo Deliberante, pero pese a continuar prestando servicios, no percibieron sus salarios desde diciembre del año pasado.
El magistrado consideró acreditados los requisitos para este tipo de medidas excepcionales, al advertir la "casi certeza" del derecho invocado y la existencia de un perjuicio irreparable, dado que la falta de pago afecta directamente la subsistencia de los empleados y sus familias. En consecuencia, ordenó el pago inmediato de los sueldos correspondientes a diciembre de 2025 y los meses subsiguientes, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
"Es insostenible y nunca visto"
En declaraciones a Radio LT7, el abogado patrocinante de los trabajadores, Nicolás Podestá, aseguró que antes de acudir a la Justicia intentaron abrir una instancia de diálogo con el Municipio.
"Estamos hablando de agentes municipales que intentaron una instancia de diálogo, entendiendo la situación del país, se podía llegar a un acuerdo en la forma del cumplimiento. Lo que no se puede hacer es no cumplir", sostuvo.
El letrado advirtió además que, en caso de incumplimiento de la resolución judicial, no solo podrían aplicarse sanciones económicas, sino que el intendente y el secretario de Finanzas "estarían comprometiendo su responsabilidad penal", al tratarse de una orden de cumplimiento efectivo.
Podestá describió un escenario de fuerte conflictividad social. Señaló que los empleados realizaron protestas frente a la Municipalidad y durante la Fiesta Nacional del Chamamé de Mburucuyá, y que incluso se evaluaba cortar la Ruta Nacional 12. "Imagínese la situación desesperante que están atravesando. Se están endeudando para subsistir, ya no soportan más", afirmó.
El abogado relató además un episodio que, según dijo, refleja la gravedad del cuadro: "En 15 años de ejercicio profesional, por primera vez me tocó que una agente municipal estuviera dando a luz en una clínica y tuve que concurrir a que firme la demanda de amparo porque era impostergable la situación".
Más casos y reclamos
De acuerdo a lo expuesto por el letrado, no se trataría de una situación aislada. "Estamos hablando de unos 50, 60 o hasta 100 agentes en distintas condiciones: planta permanente, contratados y prestadores de servicios", detalló. En todos los casos, afirmó, existe mora en el pago de salarios y en algunos supuestos el incumplimiento sería total.
Incluso mencionó que un trabajador habría percibido en enero una liquidación de apenas un peso, situación que calificó como "una burla o una irregularidad administrativa".
Asimismo, aseguró que no existen ordenanzas ni normas de emergencia dictadas por el Concejo Deliberante que justifiquen la falta de pago, y denunció que "arbitrariamente se decide quién cobra y cuánto", señalando que algunos empleados no percibieron aguinaldo y otros cobraron solo ese concepto.
La medida judicial no implica un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, que continuará su trámite en la causa principal, pero marca un fuerte llamado de atención al Ejecutivo municipal en medio de un conflicto que, según los denunciantes, lleva ya más de dos meses sin resolución.