Corrientes: condenan a un banco a devolver dólares y pagar millonaria indemnización por transferencia
La Justicia ordenó restituir una operación no autorizada y fijó una fuerte sanción económica. El fallo destacó el deber de seguridad en servicios digitales.
El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Goya dictó el pasado 4 de febrero de 2026 una sentencia que hizo lugar en su totalidad a la demanda promovida por un cliente contra una entidad financiera, a la que condenó a devolver U$S 3.000 transferidos sin autorización y a abonar una indemnización por daño moral y daño punitivo que supera los 8 millones de pesos.
El caso se originó a partir de una transferencia de U$S 3.000 realizada el 26 de febrero de 2025 a las 8:41, desde la cuenta del actor hacia un tercero. El demandante sostuvo que no efectuó ni autorizó dicha operación, denunció un acceso indebido a su cuenta y reclamó la restitución del dinero, además de una compensación por los perjuicios sufridos.
En su contestación, la entidad bancaria negó responsabilidad y afirmó que la operación había sido validada con las credenciales correspondientes, atribuyendo el hecho a la posible presencia de malware en el dispositivo del usuario. No obstante, durante el proceso no se produjo la pericia informática prevista como prueba común ni se aportó la documentación que había sido requerida al banco.
El juzgado encuadró el caso dentro del marco de la Ley de Defensa del Consumidor y puso especial énfasis en el deber de seguridad que pesa sobre las entidades financieras en la prestación de servicios digitales, destacando la responsabilidad que les cabe en la protección de las operaciones electrónicas de sus clientes.
Al analizar la prueba, el juez en lo Civil y Comercial Nº 2 de Goya, doctor Gabriel Guillermo Saade, aplicó el criterio de las cargas probatorias dinámicas, señalando que correspondía a la demandada acreditar la ruptura del nexo causal o la culpa del consumidor. En ese sentido, concluyó: "No ha logrado probar la demandada la falta de autoría de la transferencia ni que la causa del daño le haya sido ajena, debiendo soportar las consecuencias de su omisión probatoria".
En consecuencia, la sentencia resolvió admitir totalmente la demanda y condenar al banco a abonar U$S 3.000, con un interés anual del 5% desde el 26 de febrero de 2025, además de una indemnización en pesos por daño moral y punitivo con intereses a la tasa activa del Banco Nación, en el marco de la sanción prevista por el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.