Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.lt7noticias.com/a/76611
oposición

El massismo podría apoyar el proyecto de Milei para bajar la imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados tratará el jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La Libertad Avanza logró acuerdos con sectores de la oposición y convocó a una sesión especial en Diputados para el próximo jueves, donde se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre sus principales puntos propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La principal novedad política surge desde el peronismo: los diputados del Frente Renovador analizan votar a favor del proyecto, al considerar que la iniciativa coincide con la "posición histórica" del espacio que lidera Sergio Massa.

El año pasado, cuando la propuesta del oficialismo se discutió en comisión, el peronismo presentó un dictamen de minoría que mantenía la edad de imputabilidad en 16 años. En ese contexto, el bloque decidió reemplazar a los legisladores massistas Ramiro Gutiérrez, Mónica Litza y Marcela Passo para evitar fisuras internas y rechazar la iniciativa de La Libertad Avanza.

Sin embargo, el Frente Renovador sostuvo tanto entonces como ahora su respaldo a la baja de la edad a 14 años, postura que ya había sido plasmada en el proyecto de reforma del Código Penal impulsado por Massa en 2015.

Según trascendió, este jueves por la tarde Massa mantuvo una reunión con diputados de su espacio en oficinas de Avenida del Libertador, donde acordó que el Frente Renovador acompañará el proyecto enviado por el presidente Javier Milei. "No importa quién haya enviado la iniciativa; no tenemos que cambiar nuestra posición", habría señalado el exministro de Economía, aunque también remarcó que el texto presenta falencias que serán planteadas durante el debate en el recinto.

Desde el massismo advirtieron que el proyecto carece de órganos específicos de aplicación, como las figuras del Fiscal del Joven, Defensor del Joven, Juez de Garantías del Joven y Juez de Responsabilidad, además de no contemplar una cláusula transitoria con un plan integral de infraestructura para centros de detención especializados.

También cuestionaron el apartado presupuestario agregado por el oficialismo, que habilita a las provincias a firmar convenios con Nación para cubrir los costos de implementación. "Es mejor que nada, pero debería estar garantizado por ley y no depender de acuerdos entre partes", señalaron.

En paralelo, el peronismo iniciará este viernes una ronda de reuniones para unificar criterios y sumar a los nuevos diputados que asumieron en diciembre. En el Frente Renovador consideran que otros sectores internos del peronismo podrían terminar acompañando la iniciativa, al tratarse de "un voto más ideológico que partidario".

Desde la bancada libertaria confirmaron que, si bien el proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, se respetarán los consensos alcanzados en torno a los 14 años, lo que garantizaría el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece una pena máxima de 15 años solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad será el último recurso, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento a las víctimas o medidas de reparación del daño.

Asimismo, prevé la creación de institutos especializados donde los menores condenados tengan garantizados el acceso a la educación, atención médica y tratamiento por adicciones, con personal capacitado en infancia y adolescencia y prohibición absoluta de convivencia con detenidos adultos.

Entre las sanciones alternativas se incluyen amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos, además de la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, siempre con consentimiento de la víctima y dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal.

El régimen también contempla programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y médica, y abordajes específicos para casos de salud mental, consumo problemático y entornos familiares violentos, con seguimiento judicial permanente.

Con información de Infobae.