Caso YPF: piden a la Justicia de EE.UU. que Argentina revele dónde están sus reservas de oro
Los demandantes denuncian ocultamiento de activos para evitar pagar la sentencia de US$16.100 millones.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a informar de manera detallada la ubicación, las cuentas y los movimientos de sus reservas de oro, en el marco de la ejecución de la sentencia por US$16.100 millones.
El pedido se basa en la acusación de que el Gobierno habría implementado una estrategia de ocultamiento de activos para evitar el cumplimiento del fallo dictado por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Según los demandantes, Argentina incumplió la orden judicial de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.
Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que el país presentó a un expositor "deliberadamente no preparado", lo que interpretan como una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes embargables.
La información surge de una carta enviada el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Preska. En el documento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales detallan una serie de presuntos incumplimientos de la República Argentina a las órdenes judiciales emitidas en agosto de 2025.
En la presentación, los abogados afirmaron que "el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro". Además, señalaron que la falta de respuestas es "grave y continua" y que el perjuicio económico se ve agravado por el precio récord alcanzado recientemente por el metal.
El escrito judicial sostiene que funcionarios de alto rango cuentan con acceso directo a la información requerida y menciona específicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que posee datos sobre el traslado de los activos y que mantiene contacto permanente con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Para los litigantes, la elección de un testigo sin ese conocimiento "equivale a una falta de comparecencia". Por ese motivo, solicitaron que el tribunal ordene a la Argentina presentar de inmediato una declaración jurada detallando la ubicación, los movimientos y las cuentas que contienen las reservas de oro.
En caso de que el Gobierno alegue no tener acceso a la información del Banco Central, pidieron que se convoque a una audiencia probatoria con testimonio de funcionarios con conocimiento directo, entre ellos Caputo y otros responsables.
Finalmente, los demandantes reclamaron que se ordene a la República Argentina el pago de los "honorarios razonables de abogados" por la conducta que calificaron como obstructiva y recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación tienen facultades legales para acceder a los datos vinculados al traslado de las reservas.