Sin detallar montos, el Gobierno oficializó un aumento salarial para sus funcionarios
La suba alcanzará a ministros y secretarios desde enero y estará atada a las paritarias estatales.
El Gobierno nacional oficializó un aumento salarial para los funcionarios del Gabinete, del que quedaron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La medida fue formalizada mediante el decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Tal como había anticipado la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo. Si bien el decreto confirma la suba, no precisa el porcentaje del incremento.
Según lo establecido en la norma, a partir de enero de este año los ministros, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios alcanzados verán actualizadas sus remuneraciones en función de los aumentos acordados en las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional. Los incrementos no serán retroactivos y regirán desde el primer día de enero.
El decreto aclara que el Presidente y el Vicepresidente quedan excluidos del aumento salarial. Además, incorpora un mecanismo automático de congelamiento de sueldos políticos en caso de déficit fiscal, lo que impedirá nuevas subas mientras persista esa situación.
Asimismo, se derogó el artículo del Decreto 235/2024, que fijaba las remuneraciones de las autoridades superiores por fuera de las negociaciones colectivas.
Desde Casa Rosada aseguraron que la medida no compromete el equilibrio fiscal y remarcaron que fue posible gracias a la reducción del gasto público y al recorte en la planta del Estado.
En ese marco, Milei instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público basado en el ingreso por mérito, la evaluación periódica de desempeño, la movilidad por competencias y remuneraciones asociadas a las responsabilidades de cada cargo.
Por último, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento automático de salarios políticos en contextos de déficit fiscal.