"No hablamos de presupuesto ni de sueldos sino de sostener la función del INTA": trabajadores correntinos en alerta por el plan de reestructuración de Nación 

En declaraciones al programa radial Punto de Referencia, Gabriel Escobar Bonfanti, secretario general de la seccional correntina de APINTA (Asociación del Personal del INTA), alertó sobre la inminente publicación de un decreto de necesidad y urgencia que modificaría la composición del Consejo Directivo del INTA y daría vía libre a una reestructuración profunda del organismo.

"Lo que siempre vino frenando el desarme del INTA fue el Consejo Directivo", explicó Bonfanti. Actualmente, este órgano está integrado por 10 miembros, de los cuales solo tres representan al Gobierno nacional. El decreto en cuestión modificaría esa composición para establecer un equilibrio de cuatro representantes del Estado y cuatro del sector privado, quedando el voto definitorio en manos del presidente del INTA, designado por el Ejecutivo. "Eso va a permitir que avancen con todas las propuestas que venimos advirtiendo hace meses", señaló.

Entre los cambios previstos, Bonfanti mencionó el posible cierre de unidades, la eliminación de programas de extensión territorial, la no renovación de contratos de trabajadores de planta transitoria —unos 800 a nivel nacional— y la creación de cinco macroregiones en reemplazo de los actuales centros regionales. "En Corrientes hay alrededor de 330 trabajadores entre las tres experimentales y el centro regional, y al menos 100 extensionistas perderían su trabajo. Esas son las personas que están en contacto directo con los pequeños productores", remarcó.

La asistencia técnica gratuita que brinda el INTA, en especial a productores familiares y economías regionales, sería uno de los principales servicios afectados. "¿Cómo van a mejorar su producción si no está el INTA?", cuestionó el dirigente gremial, quien advirtió que la transferencia de estas funciones a las provincias es inviable: "La provincia también se está achicando. No puede absorber estos técnicos ni garantizar su continuidad".

Consultado sobre si esta reestructuración requeriría intervención del Congreso, Bonfanti aclaró que el Ejecutivo podría avanzar de forma unilateral. "Lo permite el decreto 70, esos superpoderes están por terminar, y por eso quieren apurar la firma", sostuvo.

En cuanto al impacto laboral, el referente gremial confirmó que quienes sean pasados a disponibilidad podrían quedar sin empleo tras un plazo de entre seis y doce meses, con indemnizaciones mínimas. "Hay gente con 15 años de antigüedad en planta transitoria, que no pasó a permanente por la lentitud de los procesos en todos los gobiernos", lamentó.

Bonfanti también desmintió que los gremios estén generando alarma injustificada. "¿Qué sentido tendría inventar una situación como esta? Lo que estamos haciendo es visibilizar lo que está pasando. Incluso la Mesa de Enlace emitió un comunicado esta semana porque sabe que esto es grave", agregó.

APINTA mantiene el estado de alerta y movilización desde el inicio del actual gobierno. "Participamos en cinco movilizaciones frente al Consejo Directivo para frenar decisiones que hubieran sido muy perjudiciales. Pero si cambian los miembros del Consejo, eso ya no va a ser posible", advirtió.

Por último, el dirigente recordó que el desfinanciamiento del INTA no es nuevo. "Hace años que no hay inversión para vehículos, mobiliario o infraestructura. Pero esta vez no se trata solo de recursos: se está atacando la función del INTA, su rol territorial y su vínculo con los productores".

Desde el gremio seguirán denunciando la situación y exigiendo que se preserve la misión pública del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, clave para el desarrollo rural y productivo del país.