Alerta: advierten que la intervención de las inmobiliarias distorsiona los precios de las propiedades

En cada operación de compra y venta de una propiedad —ya sea una vivienda urbana, un lote, un campo o un desarrollo inmobiliario— participan múltiples profesionales. Ingenieros, arquitectos, escribanos, contadores y asesores técnicos garantizan que el inmueble exista, tenga valor, esté en regla y pueda transferirse de forma legal y segura. Sin embargo, quienes se llevan el mayor porcentaje del negocio son, en general, los inmobiliarios.

La comisión habitual de una inmobiliaria ronda el 3% al 5% por cada parte, lo que en total puede representar entre un 6% y un 10% del valor total del inmueble. Para ponerlo en perspectiva: en la venta de una propiedad de 100.000 dólares, una inmobiliaria puede cobrar entre 6.000 y 10.000 dólares, en un proceso que muchas veces se limita a publicar, mostrar y poner en contacto a las partes. ¿Cuánto de ese valor se le paga, por ejemplo, a un arquitecto que diseñó la propiedad? ¿O al ingeniero que certificó su estructura? ¿O al escribano que carga con la responsabilidad legal del acto jurídico?

En ese desequilibrio hay una distorsión que el mercado ha naturalizado: los que menos valor técnico aportan, más ganan. No se trata de desmerecer el rol de los intermediarios, sino de poner en cuestión un modelo extractivo, que premia el acceso a contactos y redes, y no necesariamente el conocimiento o la responsabilidad profesional.

En un país donde el costo de acceder a una vivienda o invertir en tierra es cada vez más alto, estas comisiones infladas solo aumentan la brecha. Y mientras tanto, profesionales clave que sostienen el desarrollo urbano y rural siguen siendo los menos reconocidos en la ecuación.

Quizás sea momento de repensar el sistema. De revisar quién cobra qué y por qué. Y de imaginar un modelo donde la inteligencia, la tecnología y el conocimiento valgan tanto como —o más que— una comisión por abrir una puerta.