Redujeron la pena de un hombre que asesinó a una mujer durante un robo en Corrientes

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes revisó la condena de un hombre acusado de homicidio en ocasión de robo y redujo su pena de 19 a 12 años de prisión. La decisión, tomada el 18 de marzo de 2025, surge tras un recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado, quien alegó incongruencias en el monto de la pena impuesta, lo que motivó el ajuste de la condena en línea con la petición del Ministerio Público Fiscal.

Hechos del crimen

El imputado fue juzgado por el asesinato de una mujer de 67 años ocurrido en marzo de 2017, en la localidad de Itá Paso, en el departamento de Loreto, San Miguel, Corrientes. El acusado ingresó al domicilio de la víctima, donde, tras un enfrentamiento, la atacó brutalmente con un arma blanca. La víctima sufrió múltiples heridas, incluidas profundas puñaladas que causaron su muerte. Además, el imputado robó pertenencias de la mujer, como celulares y dinero.

El tribunal de juicio había considerado al hecho como "homicidio en ocasión de robo", tipificado en el artículo 165 del Código Penal, y le impuso al acusado una condena de 19 años de prisión. Sin embargo, tanto la defensa como la fiscalía interpusieron recursos, argumentando la excesividad de la pena. La defensa alegó que el monto de la pena era desproporcionado en relación con lo solicitado por la acusación, mientras que la fiscalía también había solicitado una pena más baja, de 12 años, que finalmente fue la adoptada por el STJ.

La resolución del STJ

El STJ, por mayoría, admitió parcialmente el recurso de casación y ajustó la condena a 12 años de prisión. La sentencia fue emitida el 18 de marzo de 2025, en la que se destacó la importancia de respetar los principios procesales y el derecho de defensa del imputado. El voto mayoritario estuvo a cargo del doctor Alejandro Alberto Chain, quien argumentó que la pena impuesta inicialmente excedía lo solicitado por la acusación y no se ajustaba a la correlación entre la acusación y el fallo, lo cual vulneraba el derecho del imputado a una defensa efectiva.

En sus palabras, el doctor Chain expresó que "el pedido de pena del querellante, además de ser nulo por falta absoluta de motivación y por ser producto de una incitación de la presidencia del Tribunal, no habilita a imponer cualquier sanción". Además, el ministro señaló que la discrepancia en la pena impuesta constituía un exceso en el ejercicio de la jurisdicción y resaltó que el sistema acusatorio, en vigor en Corrientes, exige que el juez se limite a resolver sobre los hechos y argumentos presentados por las partes, sin extenderse más allá de la plataforma fáctica de la acusación.

Voto en disidencia del Dr. Panseri

El voto en disidencia estuvo a cargo del doctor Eduardo Panseri, quien consideró que la pena impuesta originalmente era justa y proporcionada a la gravedad del crimen. En su opinión, el hecho juzgado era de una extrema brutalidad, ya que el imputado, además de asesinar a la víctima, la había abusado sexualmente y la atacó con 26 puñaladas. Panseri cuestionó la calificación del hecho como "homicidio en ocasión de robo" y sugirió que debía haberse calificado como "homicidio criminis causa" (art. 80, inc. 7 del Código Penal), lo que habría resultado en una pena de prisión perpetua.

El disidente subrayó que la brutalidad del crimen y la cantidad de heridas infligidas a la víctima no permitían la aplicación de una pena tan baja como la solicitada por la fiscalía, que en este caso fue de 12 años de prisión. Además, destacó que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, ya que no presentó lesiones defensivas.

El derecho de las víctimas y la aplicación del nuevo régimen procesal

El doctor Panseri hizo hincapié en que la memoria de la víctima y el sufrimiento de sus familiares merecían una sanción proporcional al daño causado. El magistrado consideró que la pena de 12 años no era adecuada para el delito cometido y lamentó que, en su opinión, el tribunal no hubiera calificado correctamente el hecho.

A pesar de su disidencia, el STJ, por mayoría, resolvió reducir la pena del condenado a 12 años, adoptando la propuesta del Ministerio Público Fiscal. La sentencia se ajusta al nuevo régimen procesal penal vigente en la provincia de Corrientes y establece un precedente importante en la aplicación de estos principios en casos de esta índole.