La Uncaus, cuyo rector allegado a Capitanich está procesado por corrupción, será de las primeras universidades en ser auditada

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzará por auditar 26 universidades públicas que ya firmaron un convenio de control con el organismo. Será una de las primeras medidas tomadas por el órgano interno de control, tras el dictamen del Gobierno, que habilita a revisar las finanzas de las instituciones.

Desde el 2023, la SIGEN realizó acuerdos con facultades públicas que aceptaron someterse a las inspecciones. La decisión fue por cuenta propia, a pesar de la resolución firmada por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, que indicaba que las auditorías sobre las facultades eran una "vulneración a la autonomía".

"Ahora comienza una nueva etapa, donde pasan a ser una obligación", indicó una fuente especializada en el tema. "Vamos a enviar el comunicado del dictamen a las autoridades de cada institución para afirmarles que vamos a auditar", agregó. "La Sindicatura tiene el poder para mañana mismo intimar a las universidades para que entreguen su rendición de cuentas", sumaron en la Procuración del Tesoro.

En la SIGEN reconocen que pueden existir algunas universidades que decidan judicializar la medida, argumentando que no se pueden entrometer en la autarquía y autonomía de cada casa de altos estudios, otorgadas por la Constitución Nacional. Un pedido de auditoría, que tiene fuerza ejecutiva, puede ser frenado con una medida cautelar, donde el juez falle a favor de las facultades.

Luego del anuncio, la SIGEN se enfocará en auditar en primer lugar las universidades que se adhirieron a los convenios y que ya tienen un plan de auditoría planificado. Según confirmó este medio, los controles van por partes, y solo se revisan determinadas áreas. El sistema de compras de las instituciones sería uno de los primeros en ser revisado.

Para las que no tienen el acuerdo se deberá detallar un proyecto auditor y también "tener el instinto para revisar dónde podría llegar a haber anomalías".

"Muchas veces saltan irregularidades, estamos hablando de fondos públicos que no tienen control por parte del Estado", sostuvo una fuente que sigue desde cerca el tema. "No son islas las instituciones, se deben manejar siguiendo los sistemas del Estado".

La SIGEN solo tiene poder para inspeccionar la administración de fondos, es decir, si las universidades cumplen con las licitaciones, qué compras hacen, a quién contratan y por cuánto dinero. "Es una oportunidad de mejora", advierten desde el Ejecutivo.

Las 26 universidades que serán las primeras en ser auditadas por la SIGEN son:

Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de Hurlingham-UNAHUR
Universidad Nacional de los Comechingones-UNComen
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional de Tres de Febrero-UNTREF
Universidad Nacional de Entre Ríos-UNER
Universidad Nacional de Río Negro-UNRN
Universidad Tecnológica Nacional-UTN
Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo-UNMa
Universidad de Quilmes-UNQ
Universidad Nacional de la Matanza-UNLaM
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Universidad Nacional de Misiones-UNaM
Universidad Nacional de las Artes-UNA
Universidad Nacional de Lanús-UNLa
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-UNPSJB
Universidad Nacional de José Clemente Paz-UNPAZ
Universidad Nacional del Oeste-UNO
Universidad Nacional de San Martín-UNSAM
Universidad Nacional de Avellaneda-UNDAv
Universidad Nacional de Moreno-UNM
Universidad Nacional de Rafaela-UNdeR
Universidad Nacional del Sur-UNS
Universidad Nacional de La Rioja-UNLaR
Universidad Nacional del Chaco Austral-UNCAus

Cabe recordar que en el caso de la Uncaus, algunos de sus directivos quedaron a un paso del juicio oral por corrupción. El Juez Federal  Aldo Alurralde allanó el camino para que la causa que involucra al actual rector de la Uncaus, al abogado Jorge Alcántara y otros directivos de la Universidad avance al juicio oral.

De acuerdo a la providencia, el Ministerio Público Fiscal clausuró la investigación y solicitó la elevación de la causa a juicio, lo que fue convalidado por el Juez Federal.  En un escrito de más de 400 fojas, el Fiscal Carlos Amad detalló el cuantioso material probatorio que compromete a los acusados, entre ellos se destaca la adquisición por parte del abogado Jorge Alcántara -sin explicación alguna- de una aeronave con fondos públicos. Los delitos que se acusan son fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la administración pública.

LOS HECHOS

En su escrito, el Fiscal Amad señala que "con las tareas investigativas llevadas a cabo, se comprobó que el Rector Germán Oestmann junto a sus consortes de causa, tal como sucede en estos casos, designó a personas afines, como amigos y familiares que no le van a cuestionar su accionar ni sus decisiones, como en este caso veremos designaciones en lugares estratégicos y así pudieron llevar adelante este conjunto de actividades ilícitas; lograron conformar varias Fundaciones, tendientes a sustraer de la Universidad Nacional del Chaco Austral y luego introducirlos en la economía formal los fondos y bienes originados en su actividad marginal y delictiva".

Asimismo, considera probado que "las maniobras consistían en extraer fondos de UNCAUS y utilizarlos en supuestos gastos de las Fundaciones, haciendo figurar en sus estados contables otros rubros o no especificando a qué rubros pertenecían, así a falta de claridad hoy intentan revertir acompañando documental apócrifo o esgrimiendo que se basaron en normas contables distintas a las que debieron aplicar, como si se tratara de un error de cálculos simplemente".