Qué es el RIGI y cuáles son sus puntos clave
Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.
El RIGI es un régimen normativo especial que aplicaría únicamente para "grandes inversiones", esto es, inversiones que superen los 200 millones de dólares para en implementación. Y busca atraer inversiones en Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.
El régimen permite a las empresas importar máquinas e insumos sin pagar aranceles ni priorizar proveedores locales (algo usual en este tipo de regímenes). También una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25%.
Como se mencionó, el RIGI establece "incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos" para "titulares de un único proyecto" de inversiones que superen los US$ 200 millones. El plazo de adhesión son 2 años a partir de que se sancione la Ley Bases (tal es lo sucedido esta semana en Corrientes con su debate en el Senado y posterior aprobación de la adhesión), y el Poder Ejecutivo puede prorrogarlo por un período de hasta un año.
En concreto, el régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones. Según establece el proyecto aprobado, además de incentivar inversiones nacionales y extranjeras, el RIGI tiene como objetivos promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de "ciertos sectores económicos"; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior; así como también, generar empleo, entre otros ítems.
Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.
Autonomía provincial
El art. 121 de la Constitución Nacional dispone que "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".
La Corte Suprema de Justicia entiende que el gobierno federal ejercita los poderes delegados en forma expresa o implícita, y, por tanto, tiene poderes limitados. Hay provincias que tienen sus propias leyes que, por ejemplo, establecen regímenes preferenciales para la adquisición de bienes, obras, insumos o servicios locales.