Escándalo: cómo funcionaba la red de corrupción que otorgaba certificados de discapacidad truchos
En un municipio de Chaco, casi el 10% de la población obtuvo certificados de discapacidad laboral fraudulentos. Alfredo Rodríguez, jefe Regional de ANSES, explicó cómo operaban los funcionarios en el caso que derivó en una mega causa judicial.
En comunicación con LT7, Alfredo Rodríguez, jefe Regional de ANSES, detalló la magnitud y operativa de la red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación reveló que en un municipio de Chaco, casi el 10% de la población obtuvo certificados de discapacidad laboral fraudulentos, lo que ha desatado una mega causa judicial.
Rodríguez describió el caso como un "disparador" que permitió descubrir múltiples irregularidades. "Chaco ha mostrado una cara oscura en la forma de utilizar los organismos nacionales partidariamente. Muchas personas con problemas de discapacidad no recibieron el beneficio debido a la corrupción," indicó.
El caso más resonante es el de Taco Pozo, donde el intendente local tenía acceso a códigos de ANDIS, permitiéndole ingresar expedientes fraudulentos. "El director de ANDIS autorizó el uso de códigos fuera del organismo, permitiendo que punteros políticos vendieran las incorporaciones de discapacidad," explicó Rodríguez.
Las pruebas reveladas en el proceso judicial incluyen una libreta con nombres, apellidos y montos pagados por las pensiones. "Esto no es una ocurrencia mía, sino lo que está en el expediente judicial," subrayó Rodríguez. Además, los expedientes carecían de controles médicos adecuados, con certificados firmados incluso por kinesiólogos.
"Fue una cadena de permisividades. El gobierno nacional, bajo el expresidente Fernández, autorizó a terceros a utilizar estos códigos. No es posible hackear una computadora de ANDIS o ANSES; fue una concesión directa a los punteros políticos, quienes hicieron usufructo político y económico del otorgamiento de las pensiones por discapacidad", agregó.
"En Chaco, de las 93,000 pensiones, 23,000 están observadas y serán auditadas en los próximos 30 días," afirmó Rodríguez. La auditoría se realizará para asegurar que las personas con discapacidades reales no sean afectadas por el fraude.
Rodríguez destacó que aunque actualmente la atención se centra en Chaco, otras provincias también serán investigadas. "Nos estamos enfocando en resolver este asunto en los próximos 60 días," concluyó.