"Los están estigmatizando": cómo avanza la causa por los correntinos que se quedaron sin su plan social
El abogado correntino Juan Manuel Cubilla Podestá busca garantizar que se les restituya el beneficio a los correntinos que fueron dados de baja por presuntamente trabajar para el estado de Corrientes y al mismo tiempo cobrar el Potenciar Trabajo. "Estas personas son parte de una investigación penal y se los trata como delincuentes, los están estigmatizando", señaló el letrado en comunicación con LT7.
Los primeros días de enero, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello Petovello, tomó la decisión de dar de baja a 4.588 beneficiarion del plan Potenciar Trabajo, entre ellos 500 correntinos. Además, se les abrió una causa penal ya que, supuestamente, se encontraban declarados por la provincia de Corrientes como empleados públicos.
"Esto generó un revuelo, no solo por el hecho de encontrarse imputados, sino por el escrache. Se hicieron campañas de difusión a nivel nacional hablando sobre 27 mil beneficiarios que estaban en irregularidad. Una campaña de difamación lamentable", manifestó el abogado correntino Juan Manuel Cubilla Podestá, que presentó un amparo colectivo en contra el Gobierno Nacional.
"Esta gente necesitaba ayuda del Estado, estaba en una situación que lo hacía necesario. Esto sucedió el 3 (de enero) y el 4 dejaron de cobrar sin previo aviso, sin derecho a defensa e imputados en Buenos Aires, por decisión del fiscal Guillermo Marijuan", explicó.
"En ese momento nos pusimos manos a la obra, la mayoría nos trajo los elementos para probar que no viajaron al exterior, mucho menos tenían yates. Se trata de gente humilde con un pequeño emprendimiento, maestros que hacen ayuda escolar, que hacen comida en el barrio, justamente para lo que estaba pensando el Potencial Trabajo", agregó.
Cubilla Podestá aseguró que la lista de los beneficiarios habría sido dada por Provincia, más precisamente por el ministerio de Hacienda. "Dijeron que de ninguna manera bridaron esa información y explicó más o menos cómo se da el cruzamiento de datos en un grave error aparentemente cometido por Nación", explicó el letrado.
Cómo sigue la causa
"Presentamos un amparo por cada persona, todos los días se suma alguien. Buscamos la oportunidad de legalizar su situación. La finalidad es que vuelvan al programa y se les pague lo debido como corresponde, porque es una privación ilegítima", aseguró.
"No es solamente que esta gente ha dejado de cobrar y es parte de una investigación penal, los tratan como delincuentes, están estigmatizados publicando su nombre, apellido, CUIL, tratándolos de corruptos", agregó.
"Queremos garantizar que tengan el pan de cada día, cuando cobren cada uno tomará la decisión que corresponda e investigaremos al fiscal Marijuan, no sabemos quienes son los responsables", concluyó.