Cambios en la Ley de Salud Mental: profesionales correntinos consideran que se trata de una decisión innecesaria con impacto negativo
Las reformas propuestas generaron un intenso debate sobre el futuro del tratamiento de la salud mental en el país, sus repercusiones en los derechos de los individuos y el enfoque general de la atención psiquiátrica. La lic. Mariana Repetto dialogó con este medio al respecto.
En medio de un debate con posiciones fuertemente encontradas, la "Ley Ómnibus" presentada por Javier Milei al Congreso, con 664 artículos esparcidos a lo largo de 351 páginas, contempla una serie de reformas que incluyen la modificación de la Ley 26.657 de "Derecho a la Protección de la Salud Mental". Entre las disposiciones más controvertidas, se encuentra la habilitación a jueces para facilitar la internación de individuos con trastornos mentales, la eliminación de la prohibición de construir nuevos "manicomios", así como la exclusión de la participación de organismos especializados y asociaciones civiles en el órgano de revisión.
Mariana Repetto, Licenciada en Psicología (Mp. 073), quien trabaja en la sala de crisis del Hospital San Francisco de Asís en la capital correntina, expresó su preocupación y la de sus colegas en declaraciones a este medio. Según Repetto, estas modificaciones impactarán significativamente en el trabajo y, más crucial aún, en los usuarios del sistema, generando una mayor inquietud al respecto.
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La especialista detalló dos cambios sustanciales que propone el proyecto. En primer lugar, se refirió a la derogación de la disposición que limitaba la construcción de instituciones psiquiátricas, fijada para no permitir nuevos manicomios a partir del 2023. Esta medida, que buscaba evitar el impacto negativo en la salud mental de los pacientes, ahora está en peligro lo que conlleva consecuencias dramáticas para la salud mental de las personas, señaló la licenciada.
"El artículo 27 de la ley actual prohíbe la creación de nuevos manicomios, pero la eliminación de esta disposición deja a los pacientes expuestos a un sistema que ha demostrado no ser beneficioso para la salud mental. La internación debe ser limitada y justificada por razones de salud, y no un recurso indiscriminado", afirmó Repetto.
Otro cambio crucial es la otorgación de poder al juez para determinar internaciones. Anteriormente, esta decisión requería el respaldo de un equipo interdisciplinario con experiencia en el área, pero ahora, según la licenciada, se prescinde de esta opinión experta, otorgando al juez un papel determinante en la internación.
Repetto subrayó la preocupación por las internaciones prolongadas que han privado a personas de su libertad sin la posibilidad de obtener alta, debido a decisiones judiciales restrictivas. Consideró estas modificaciones como innecesarias, especialmente en estos aspectos. "La ley actual ha permitido avances significativos en la asistencia a personas con problemas de salud mental, y creo que estas propuestas van en contra de esa dirección. Se está favoreciendo una visión corporativa de la salud", enfatizó la profesional.