Presentaron el primer amparo contra el DNU del presidente Milei

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó la primera acción judicial contra el reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei, fundamentando su inconstitucionalidad y caracterizándolo como un ejercicio de poderes extraordinarios que equiparan la totalidad del poder público, según lo expresado en el documento presentado.

La solicitud, respaldada también por la Central de Trabajadores Autónoma (CTAA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), busca la emisión de una medida cautelar para suspender los efectos del DNU, aún no vigente, y eventualmente declarar su inconstitucionalidad, documento que fue publicado en el Boletín Oficial.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, bajo la jurisdicción de Esteban Furnari, fue designado por sorteo para atender este amparo, según informaron fuentes judiciales.

Los demandantes solicitaron la "declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insubsanable del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y de cualquier normativa derivada de su aplicación, por violar la Constitución de la Nación Argentina".

En su argumentación, plantearon que el DNU impugnado representa "el ejercicio de facultades extraordinarias equivalentes a la totalidad del poder público" y constituye "una desviación de poder y abuso del derecho público".

Los firmantes, entre los que se encuentran Claudio Lozano, economista y dirigente político, y Hugo "Cachorro" Godoy, líder de la CTAA, también impugnaron el DNU por infringir principios como el republicano, la separación de poderes, la democracia, la reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos.

El escrito detalla minuciosamente las más de 30 leyes que son completamente derogadas por el DNU, aquellas que sufren modificaciones parciales y las que son alteradas en su totalidad.

Se destaca en el texto que "este DNU no busca resolver una situación coyuntural y excepcional, sino establecer un nuevo rumbo permanente en lo económico y social del país". Argumentan que el alcance de este conjunto normativo implica un ejercicio de poderes extraordinarios por parte del Poder Ejecutivo.

Asimismo, señalan que al momento de emitirse el DNU, el Congreso ya había concluido su período ordinario de sesiones, pero el anuncio presidencial posterior reveló la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar leyes excluidas del DNU, lo que según los demandantes, evidencia que el Congreso está en funcionamiento regular.

El reclamo resalta que el Ejecutivo, en lugar de enviar el contenido del DNU como proyecto de ley al Congreso en sus sesiones extraordinarias, optó por el decreto, situación que lamentan.

En última instancia, se destaca que el argumento del Poder Ejecutivo sobre la "situación económica desesperante" que motiva el DNU lleva a la derogación total o parcial de 81 leyes que abarcan diversos ámbitos como la reforma estatal, la economía, el trabajo, el comercio exterior, entre otros.