Una fiscal busca llevar a juicio a los padres de un femicida: el caso que podría sentar jurisprudencia
El planteo de la fiscal fue aceptado por el juez de Garantías N°2 de Campana, Julio Andrés Grassi, y podría sentar jurisprudencia en la historia penal del país
Liliana Esther Sánchez (66) y Carlos Rubén Chiminelli (70), padres de Agustín Chiminelli (25), acusado de matar a María Alejandra Abbondanza; podrían ser juzgados por la coautoría del femicidio, según el requerimiento de elevación a juicio de la fiscal Ana Laura Brizuela.
Como parte de su estrategia, la titular de la UFI Nº2 de Zárate-Campana también formuló una "imputación alternativa" para la pareja por "encubrimiento agravado", y pidió que se declare inconstitucional un artículo del Código Penal que exime de responsabilidad a quienes "obren en favor" del autor del crimen y sean familiares directos.
El planteo de la fiscal fue aceptado por el juez de Garantías N°2 de Campana, Julio Andrés Grassi, y podría sentar jurisprudencia en la historia penal del país. Pero, la defensa presentó un recurso en la Cámara por lo que la decisión no está firme.
En septiembre pasado se cumplió un año del femicidio de María Alejandra, de 38 años. La fiscal lo describió como "macabro". En la localidad de Campana, la mujer fue asesinada con una mancuerna y luego intentaron quemar el cuerpo. El cadaver de la víctima apareció desmembrado e incinerado en la parrilla de Agustín Chiminelli, un vecino de su cuadra con el que mantenía una relación sentimental "ocasional". Desde entonces, el principal sospechoso permanece detenido y con prisión preventiva en el penal de Sierra Chica. Sus progenitores, en cambio, están en libertad con falta de mérito, pero sometidos al proceso penal.
Según el requerimiento de elevación a juicio, el matrimonio podría ser enjuiciado por el delito de "homicidio agravado criminis causa", que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua; o, de manera alternativa, por "encubrimiento agravado". Para esto último, la fiscal solicitó la inconstitucionalidad del artículo 277, inciso 4°, del Código Penal y basó su argumentación en la Convención de Belém do Pará a la que suscribió el Estado argentino y que dispone "condenar todas las formas de violencia contra la mujer y asumir el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer".
Brizuela detalló los motivos de su pedido: "El último párrafo del artículo 277 deja exentos de responsabilidad criminal a los progenitores por el encubrimiento de los hijos. Se trata de una normativa que busca proteger la institución de la familia y de las relaciones más cercanas. Mi planteo fue que, al resguardar eso, se están desoyendo estándares internacionales que piden erradicar y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué derecho va a ser más importante?".