Zdero adelantó que analiza impulsar una ley de ministerios: "Necesitamos optimizar y agilizar el Estado"

El gobernador electo de la Provincia del Chaco, Leandro Zdero, anunció planes para implementar una nueva Ley de Ministerios con el objetivo de optimizar y agilizar el funcionamiento del Estado. Zdero enfatizó la necesidad de reducir el número de cargos públicos en comparación con provincias de tamaño similar y resalta su compromiso de llevar a cabo una administración transparente y austera.

Según informó a los medios de prensa el flamante titular del Ejecutivo provincial chaqueño, durante los primeros 100 días de su gobierno y a lo largo de su gestión se comprometerá a trabajar en un plan participativo que incluirá a diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Destacó su intención de convocar a personas expertas y comprometidas, independientemente de su afiliación política, para formar parte de su equipo de gobierno.

"Actualmente, tenemos tres veces más cargos públicos que la provincia de Mendoza, que tiene una población de dos millones de habitantes, mientras que nosotros contamos con un millón ciento cuarenta mil habitantes. Necesitamos optimizar y agilizar el estado, permitiendo que el Estado sea un facilitador y aplicando políticas públicas sostenibles a largo plazo. Quiero dejar en claro que en nuestro gobierno nos diferenciaremos al no tener parientes, amigos o asociados como funcionarios o proveedores del estado", afirmó. 

En cuanto a la composición de su gabinete, Zdero no realizó anuncios específicos. Sin embargo, subrayó la importancia de llevar a cabo reformas significativas y auditorías en el sector público y discutir el proyecto de presupuesto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

También subarayó la necesidad de redirigir los recursos presupuestarios de manera eficiente y evitar desviar fondos de sectores críticos como la educación, la salud y la seguridad hacia préstamos a empresas que generan deudas significativas. Su objetivo es garantizar que los préstamos empresariales se devuelvan y no sean condonados al final del año, priorizando así las necesidades constitucionales, como la educación.