Causa contra Soto Dávila, funcionarios y abogados: "No hay pruebas, no entendemos cómo llegó a juicio"

El juicio en el que se investiga al exjuez federal Carlos Soto Dávila y a sus exsecretarios, Federico Grau y Pablo Molina, está llegando a su etapa final y se buscará esclarecer la acusación que los involucra en una asociación ilícita dedicada al cobro de supuestas coimas pagadas por narcotraficantes en busca de alivio procesal.

De la acusación también son parte narcotraficantes y abogados del foro local como Gregorio Giménez, Duylio Barboza Galeano, Omar Antonio Serial, Jorge Vallejos y Tomás Viglione.

El defensor de este último habló con Punto de Referencia respecto a las irregularidades que todo el proceso sufrió desde el principio de la investigación a la fecha.

"Fue incorporado de forma vergonzosa a esta causa, hemos podido presentar nuestros alegatos de defensa, este viernes lo hará la defensa de Soto Dávila, y ya lo hicieron las defensas de los exsecretarios", dijo a Punto de Referencia el abogado Juan Cubilla Podestá.

"Hemos explicado la inocencia de los acusados y pusimos la lupa en tres funcionarios judiciales que actuaron en forma inadmisible que son el fiscal de la Procunar, Diego Iglesias, el exsecretario del Juzgado N° 12 que primero intervino como parte imparcial y luego se pasó a la fiscalía que Martín Uriona y el exjuez de ese juzgado, Sergio Torres", detalló.

"Mi defendido, al momento de ser imputado del hecho tenía apenas un poco más de un año de matrícula. Estaba recién recibido y los fiscales de Buenos Aires lo llevaron detenido cuatro meses lejos de su familia buscando que se quiebre y firme una confesión", dijo.

"Le pidieron 5 años a un abogado recién recibido por un escrito y un llamado a un secretario", señaló Podestá quien explicó que en la profesión es normal y necesario el contacto con los funcionarios judiciales para coordinar fechas, horario o audiencias. "El escrito por el que le piden 5 años de prisión a mi defendido tenía errores de aprendiz", agregó.

"La pregunta es cómo meten a una persona tan joven y con tan pocas pruebas y pudimos comprobar que tanto el juez como los dos fiscales que intervinieron en esta causa son amigos, trabajaron juntos. El juez que se encargó de juzgar a Tomás se sentaba todas las tardes a tomar café con los fiscales", advirtió.

El proceso inició en el Juzgado Federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires, por entonces a cargo de Sergio Torres; la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) y las fiscalías correntinas de Flavio Ferrini y Carlos Scahefer.

Una vez elevado a juicio el expediente, los tribunales porteños declararon su incompetencia y se determinó su paso a la órbita federal de Corrientes, donde se dio inicio al debate en junio del 2022 en el Tribunal Oral Federal.

"A Tomás lo llevaron a una prisión federal en Buenos Aires y le dieron un defensor oficial, ya que por la cuestión económica él no podía pagar un abogado allá. Durante cuatro meses le ofrecieron arrepentirse para que declarara en contra de Soto Dávila y no lo hizo porque no tiene nada de declarar. ¿Imagináte si un abogado con un año de matrícula va a poder sobornar a un juez federal? ¿En qué cabeza cabe?", arremetió.

"La principal prueba de la fiscalía es la declaración del jefe de la banda de narcotráfico al que le dieron arresto domiciliario y se escapó", dijo en relación a Morenita Marín, involucrado en la causa Sapucay.

Finalmente, el letrado comentó que, durante el proceso, "esperábamos alguna sorpresa, alguna prueba, pero no entendemos cómo llegó a juicio esta causa, por eso tenemos la expectativa de la absolución ya que no hay pruebas".

"Entendemos que a finales de mayo tendríamos una sentencia", concluyó.