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MEDIDA EXCEPCIONAL

Corrientes: anulan división de bienes porque fue firmado en contexto de violencia de género

Una mujer que padecía violencia de género "crónica y sistemáticamente" firmó un acuerdo de división de bienes con su exmarido pero en el que se omitió la masa ganancial de la actividad comercial del hombre. Entendiendo el contexto, la Justicia determinó que se firme uno nuevo y fijó una cuota alimentaria para la damnificada hasta que se defina la cuestión. 

La Corte Provincial revocó la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y de primera instancia, y decretó la nulidad del acuerdo protocolizado en escritura pública en el marco de una causa por divorcio vincular.

Además ordenó la celebración de un nuevo acuerdo de división de bienes que contemple la masa ganancial de la actividad comercial que llevaba el ex esposo de la mujer, que había sido omitido de manera deliberada. Y señaló que, no obstante el principio de autonomía de la voluntad que debe respetarse en cualquier otra clase de acuerdo privado, este caso imponía revistar su licitud.

En tanto estableció que hasta que se definiera la división deberá fijarse una cuota alimentaria en favor de la mujer acorde al nivel de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

Contexto de Violencia

Con el primer voto del Ministro doctor Guillermo Horacio Semhan, el máximo Tribunal consideró que en las instancias anteriores no se valoró el contexto de violencia en la que estaba sumida la mujer al momento de firmar el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

Entendió que la autonomía de la voluntad y la doctrina de los propios actos no podían obligar a respetar un acuerdo nulo, y lo era porque la homologación se produjo sin dar la necesaria participación a la Asesoría de Menores ya que en esa fecha aún tres hijos del matrimonio eran menores de edad.

También cuestionó la absoluta indiferencia a la situación de vulnerabilidad en que “claramente estaba inmersa la mujer”. Las normas disponen, indicó el magistrado, que se debió “equilibrar una relación asimétrica de poder que culminó empeorando la situación de la víctima”.

Para decidir de este modo, los integrantes de la Corte Provincial tuvieron en cuenta las actuaciones correspondientes al divorcio (que se inició como controversial y concluyó con ese acuerdo) en el que constaba que la mujer denunció ser víctima de violencia física y psíquica sobre ella y sus hijos.

También manifestó que debía mendigar el dinero para los gastos elementales de la casa, mientras que el ex cónyuge  -dueño de dos empresas- “intentaba hacer desaparecer los bienes gananciales”.

Testimonios y constancias

La mujer relató haberse recibido de abogada ya casada y con cuatro hijos y que no llegó a ejercer la profesión. Aseguró que el que manejaba las empresas era su marido y que ella acompañaba. Respecto del acuerdo de división expresó “renuncié a cualquier otro reclamo, renuncié bajo todo tipo de presión, (…) tenía que salvarme a mí y a mis hijos. (…) Fui obligada a renunciar respecto de cosas que desconocía porque el que manejaba la información era mi marido”.

La sentencia Nº82/21 indica que ya en el momento de producirse la exclusión del hogar las declaraciones de testigos daban cuenta de haber presenciado agresiones físicas que fueron luego denunciadas ante sede policial.

La historia clínica del médico psiquiatra tratante explicitaba que la mujer padecía violencia “de modo crónico y sistemático” provocada por el esposo y en la que se encontraba sumido el grupo familiar completo.

“X.X.X había recorrido un largo camino de victimización. El dominio también puede producir modificaciones de la conciencia, una especie de trance hipnótico impuesto. La influencia que ejerce el agresor sobre su pareja mengua su capacidad crítica y empuja a ésta a una especie de trance que modifica sus percepciones, sus sensaciones y su conciencia.” indicó el especialista.

Su propio abogado declaró que se opuso por “perjudicial” a la firma del convenio porque en lo económico era “realmente ruinoso”. La cuota alimentaria para ella y los hijos que con ella vivían “era incompatible con los bienes que pertenecían a X.X.X. ya que él y su familia explotaba un enorme negocio comercial”.

Testimonió que “era evidente que padecía un manifiesto desequilibrio emocional y psicológico que la llevaba a tomar decisiones y reverlas en forma constante”; intentó conseguirle –infructuosamente- alguna asesoría para percibir un sueldo, y no le cobró honorarios, ni gastos del juicio.

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