Nicaragua expulsó a las misioneras de la Madre Teresa, acusadas de lavado de dinero y terrorismo
Las acusan además de proliferación de armas de destrucción masiva. El gobierno de Daniel Ortega les quitó todos los permisos para funcionar y las obligó a irse.
El gobierno de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a las Misioneras de la Caridad, la orden religiosa fundada por la Madre Teresa de Calcuta, acusándolas, entre otras cosas, de violar las leyes contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
Fundada en 1948, la orden de las Misioneras de la Caridad, que tiene 400 misiones y 700 casas de caridad en 120 países, se dedica a abrir y sostener escuelas, asilos y hospitales para los pobres y los enfermos graves. La Asociación Misioneras de la Caridad se estableció en Nicaragua en 1988, bajo el primer gobierno de Ortega, tras una visita al país de la Madre Teresa de Calcuta.
Lleva 40 años trabajando en favor de los más pobres en el país centroamericano, pero ahora el régimen de Ortega asegura que las misioneras no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil, hogar de niñas ni asilo de ancianos.
En Nicaragua, las religiosas administran el Hogar Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Granada, donde reciben a adolescentes abandonados o abusados y les ayudan a reinsertarse en la vida, informó el portal Aica.org.
Además, mantienen un asilo de ancianos en Managua, un proyecto de refuerzo escolar a estudiantes en situación de riesgo, y una guardería para familias sin recursos.
Pero ahora, el gobierno nicaragüense asegura, además, que la orden tampoco tiene permiso del Ministerio de Educación para tareas de refuerzo de aprendizaje.
El régimen dijo que las Misioneras de la Caridad "han incumplido sus obligaciones" y las acusan de violar, entre otras, la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El Gobierno insiste en el texto en que las hermanas no reportaron activos fijos ni informaron de las actividades realizadas en la ciudad de Granada, y que sus ingresos por donaciones no coinciden con los informes presentados.
Además, acusan a la Junta Directiva de la orden de estar está integrada en exclusiva por personas extranjeras, y la nueva ley -en vigor desde hace dos meses- establece que solo el 75% de sus integrantes tiene que ser nicaragüense.
"El Estado no planteó ninguna alternativa para suplir la labor de las Misioneras, dejando en situación de riesgo a todas las personas vulnerables que se beneficiaban de la entrega caritativa de las hermanas", remarcó el mencionado portal.