Corrientes: banda delictiva se dedicaba a falsificar documentos públicos para la compra y venta de inmuebles
Una escribana, dos abogados, una agrimensora y una empleada pública continúan detenidos acusados de formar parte de una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular y concretar así una mega estafa.
En cuanto a las entidades estatales en las que operaban, expuso que los informes arrojan que en algunos casos falsificaban e inscribían inmuebles con diferente titularidad. Habló de "expedientes conexos en otros juzgados que hablan de usurpaciones y estafas", con lo cual la causa es "muy compleja".
Recordó que el expediente inicia con una denuncia penal del representante jurídico del Registro de la Propiedad Inmueble. Con las irregularidades mencionadas, inicia la investigación y detectan causas similares, dando cuenta de que "los imputados son comunes a varias causas", aludiendo también a que hay personas involucradas en la Dirección de Catastro.
La jueza explicó que "había inmuebles en sucesión, a los que se falsificaban escrituras, cambiando la propiedad y se hacían ventas". "Llega el punto en el que hay un comprador de buena fe y el verdadero titular perjudicado porque desaparece del Registro", indicó, dando cuenta de que "en algún tramo de la transacción aparece la irregularidad".
La magistrada comentó que por el momento no se tiene la totalidad de inmuebles afectados, pero "son muchos" y se ubicarían en Capital, Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme. Explicó que "cuando alguien compra un terreno debería realizar con el escribano un estudio de título, pero lamentablemente muy pocos lo hacen".
"Esta organización perjudica la fe pública en caso de que el día de mañana, cuando quiera vender no lo va a poder hacer porque es propiedad de otro", adelantó. Recordó que las responsabilidades irán surgiendo en la investigación del fiscal Gustavo Robineau, expresando que por el momento se desconoce desde cuándo comenzaron las estafas.
El allanamiento
Durante el procedimiento, resultado de una investigación llevada a cabo por miembros de la institución, se realizaron ocho allanamientos de manera simultánea a domicilios particulares, una escribanía y dos estudios jurídicos, donde Prefectura detuvo a tres mujeres y dos hombres.
Además, durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 3 a cargo de la Dra. María Josefina González Cabañas, se secuestró dinero en efectivo: casi un millón y medio de pesos en moneda nacional, cerca de 60.000 dólares, más de 3.000 euros, 1.600 reales y 3.194.000 guaraníes, y documentación de interés para la causa (títulos de propiedad, escrituras, planos, entre otros).
En tanto en la localidad de Santa Ana de los Guácaras se llevó a cabo el allanamiento de una vivienda propiedad de una falsa notaria, oriunda de Formosa, que por el momento permanece prófuga de la Justicia. En la requisa a la casa se encontró gran cantidad de documentación adulterada como boletos de compra y venta, planos, escrituras, y casi 250 documentos nacionales de identidad. Esta mujer está seriamente comprometida ya que de lo que surge de la investigación es quien seleccionaba los inmuebles y luego se ejecutaba la estafa.
La banda delictiva buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la Avenida 3 de abril y Mendoza, lo cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso, les falseaban la mensura a agrimensores.
El negocio no es solamente el loteo San Blas de la Ruta provincial Nº 43 a dos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, que es el centro del conflicto. También se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonados, y verificaban a quiénes les pertenecían.
Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, y así poder escriturar el inmueble. Ese rotulo truchado, era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble.
En agosto del año pasado el área de asesoría legal de esta dirección advirtió las irregularidades en los expedientes que llamativamente tramitaban siempre las mismas personas que hoy permanecen detenidas.
Fuente: Radio Sudamericana